El accionar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y los bloques paramilitares Elmer Cárdenas, Bananero, Héroes de Tolová generaron múltiples consecuencias sobre la vida de quienes debieron afrontar los distintos repertorios de violencia que estas implementaron en el marco de sus estrategias de expansión y control territorial desde el sur de Córdoba, hacia el Urabá Antioqueño y desde allí hacia el Bajo Atrato y el Darién.
Las narraciones de las víctimas del paramilitarismo, aportadas al Mecanismo no judicial de Contribución a la Verdad acopiadas en este capítulo, permitieron identificar los colectivos que, debido a sus características y trayectorias, sufrieron con mayor intensidad los daños ocasionados por el accionar paramilitar; así como conocer cómo estas resistieron a dichas violencias.
Se identificó que el despojo, el desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos, las masacres, la intimidación y el menoscabo de las instituciones democráticas afectaron de forma diferenciada a poblaciones indígenas, negras y campesinas, al igual que colectivos políticos, sindicatos y asociaciones civiles establecidas, que pese a la persecución y a las violaciones a sus derechos, han mantenido su presencia en el territorio, sobreponiéndose a las afectaciones generadas a nivel individual y colectivo.
Los relatos revelan las formas cómo las estructuras paramilitares buscaron ejercer un dominio total sobre los territorios, controlar las poblaciones, eliminar la oposición civil a su accionar, exterminar sujetos políticos, apropiarse de territorios colectivos y resguardos, así como asegurarse de infundir terror de manera generalizada. De este modo, con el argumento de que la guerrilla se escondía entre la población civil, los paramilitares ocasionaron daños materiales y al patrimonio (es decir, daños a las propiedades de los pobladores y a sus formas de subsistencia), daños políticos (entorpeciendo la organización comunitaria y el normal funcionamiento de la política regional), daños morales (afectaciones a los valores significativos para las personas y comunidades, que generan discriminación y estigmatización), daños al territorio y daños socioculturales (alteraciones en los vínculos y relaciones sociales).
El desplazamiento, así como el despojo de tierras por parte de las estructuras paramilitares, significó el abandono parcial de las formas de vida de comunidades indígenas, negras y campesinas. Tanto en el Sur de Córdoba, como en el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato y el Darién, los paramilitares obligaron a familias y comunidades enteras a desplazarse para hacerse a sus tierras con distintos propósitos. Desde entonces la lucha por la permanencia en el territorio, el retorno y la devolución de sus bienes materiales ha sido una de las principales consignas de gran parte de la población, que se niega a perder sus vínculos comunitarios con la tierra y con sus formas de subsistencia.
Así, los paramilitares de la Casa Castaño y el bloque Héroes de Tolová emprendieron una persecución contra miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) durante la década de los 90, especialmente en el municipio de Valencia, Córdoba. La destrucción y falsificación de documentos de propiedad, el hostigamiento y el asesinato de varios miembros de esta organización tuvo como objetivo el despojo de tierras en el Alto Sinú, la desarticulación del movimiento campesino en el Sur de Córdoba, así como la resolución violenta de los conflictos por la tierra a favor de la Casa Castaño, el bloque Héroes de Tolová, la ganadería a gran escala y el narcotráfico.
Otro de los eventos violentos perpetrados con el propósito de despojar a comunidades originarias de sus territorios, que generó el desplazamiento forzado de la población, con todo lo que ello implica, fue la denominada Operación Génesis o Cacarica. Esta se desarrolló en 1997 en la región del Bajo Atrato, luego que paramilitares del bloque Elmer Cárdenas y del frente Arlex Hurtado irrumpieron violentamente; siendo las comunidades negras e indígenas que históricamente han habitado esta región, las principales afectadas. Durante esta operación, y posterior a ella, la región del Bajo Atrato fue víctima de asesinatos selectivos, masacres, daños materiales y amenazas de muerte que pretendían amedrentar a la población para que, como efectivamente sucedió: abandonaran sus territorios, viéndose obligados a vender sus tierras a los paramilitares.
Sin embargo, las luchas por el territorio y por la permanencia en este que emprendieron las comunidades negras e indígenas del Bajo Atrato, permitieron poner en evidencia en escenarios jurídicos y mediáticos, tanto nacionales como internacionales, la forma cómo los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas y la Casa Castaño despojaron y vulneraron sus derechos en asocio con empresarios y miembros de la institucionalidad. Estas luchas se fueron transformando, desde entonces, en procesos de resistencia por la permanencia en el territorio, el retorno y la neutralidad frente a cualquier actor armado.
Trás el desplazamiento de la población del bajo Atrato y su llegada al municipio de Turbo las comunidades nucleadas en la cuenca del Río Cacarica comenzaron a organizarse, entablar diálogos con ONG´S acompañantes y con el gobierno nacional para buscar garantizar el cumplimiento de sus exigencias y comenzar a preparar los ejercicios de retorno y permanencia en el territorio.
Estos ejercicios se materializaron en una serie de exigencias y garantías al Estado, que quedaron plasmadas en el “Muro de Exigencias” que se ubicó en el coliseo de Turbo, como fue señalado en las contribuciones voluntarias aportadas en la elaboración de este informe.
A pesar de los incumplimientos del Estado a lo pactado con las comunidades del Bajo Atrato, el proceso organizativo y sus intenciones de volver al territorio fueron buscando la forma de hacerse realidad de manera autónoma, aunque con ayuda de algunas ONG´s como Brigadas de Paz, el CINEP, De justicia, La comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones que, de un modo u otro, ayudaron a fortalecer los proceso de resistencia entre todas las comunidades del Bajo Atrato que se refugiaron en el coliseo de Turbo.
De esta experiencia surgieron los pilares organizativos que permitieron ir dándole forma a una estrategia de retorno, permanencia, garantía de la vida, memoria y sobre todo a la consolidación de los consejos comunitarios como manera de potenciar la existencia de estas comunidades en el territorio y de blindarse ante los actores armados y sus intereses en la zona.
La Asociación de comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad: por la Defensa de la Vida y el Territorio-CAVIDA, fue una de las primeras experiencias organizativas que sirvió para poder materializar los consejos comunitarios (Abadía, 2020, página, 204), trazando, a partir de allí, una primera forma de retorno y permanecía por medio de las “zonas humanitarias”. En el caso del CCCRC este proceso se dio a partir de la creación de dos asentamientos iniciales, que representaban cierta seguridad en cuanto al acompañamiento de ONG´s, y luego se fueron estableciendo como Zonas de Reserva Humanitaria. Estos dos asentamientos fueron Nueva esperanza en Dios y Nueva Vida (Abadía, 2020, página, 206)
Con el reconocimiento, el 26 de abril de 1999, de la titulación de 103.024 Hectáreas, producto de los reclamos de las comunidad (Abadía, 2020, página 206), se abre la puerta para que, a partir de la reivindicación sobre el territorio, los pobladores de la Cuenca del Río Cacarica comiencen a rehabitar y llenar de sentidos, nuevos y ancestrales, los lugares de los cuales fueron desplazados, así como a establecer las formas de operación del consejo comunitario. De este modo, en la medida en que se busca sanar la herida producida por la violencia, surgen formas de vivir el territorio que no necesariamente estaban antes del desplazamiento y que configuran formas de resistencia a la violencia. Sin duda, la aparición del Consejo Comunitario es una de estas, pero también otras perspectivas dentro del mismo tomaron relevancia. Es el caso del papel de las mujeres en el proceso de retorno.
En lo que respecta a la experiencia de los municipios del Urabá antioqueño que integran el eje bananero, el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y la imposición de formas de control y regulación sobre las poblaciones y la persecución de grupos políticos alternativos fueron las principales dinámicas a partir de las que se causaron daños sobre sus poblaciones con la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y la conformación de los frentes Turbo y Arlex Hurtado. Con la colaboración activa de algunos agentes del Estado, fueron perseguidos grupos y partidos políticos alternativos como la Unión Patriótica, produciéndose un exterminio político de esta organización, así como organizaciones sindicales y agremiaciones, acusandoles de colaboración con la guerrilla. Este es el caso de las comunidades campesinas del corregimiento de San José de Apartadó.
Así, el proyecto de expansión y confederación de los grupos paramilitares, emprendido por Carlos Castaño con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), continuó y fomentó la estigmatización de los hombres de las regiones de estudio como mano de obra militar, y convirtió a una “región guerrillera” en una zona exclusivamente paramilitar.
A pesar de esta situación las comunidades de esta subregión desarrollaron diferentes estrategias para enfrentar el dolor y los daños causados por la violencia paramilitar y reconstruir sus proyectos de vida.
Finalmente, el capítulo aborda los daños ocasionados por el Estado y la sociedad a las víctimas y los sobrevivientes del accionar de las estructuras paramilitares estudiadas; derivados de la indiferencia o la precariedad de la acción estatal para garantizar los derechos a la justicia y la reparación, así como de la indolencia y la falta de reconocimiento social e institucional de las víctimas. Así mismo, incluye las prácticas y los mecanismos que las víctimas dispusieron para afrontar los daños posteriores al hecho victimizante.
