Este informe analítico es un mecanismo de reparación a las víctimas de las estructuras paramilitares que operaron en el sur de Córdoba, el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato y el Darién, desarrollado por la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica que busca contribuir al esclarecimiento de cómo surgieron y actuaron cuatro estructuras paramilitares que hicieron presencia allí desde 1983 hasta su proceso de desarme, desmovilización y reincorporación en el 2006.
Las Autodefensas de Córdoba y Urabá ACCU-CC y los bloques Elmer Cárdenas BEC, Bananero BB y Héroes de Tolová BHT son las estructuras objeto de análisis del informe, en donde se pretende dar cuenta de aspectos como su trayectoria de expansión territorial, el accionar y repertorios de violencia que utilizaron, las relaciones políticas, institucionales, económicas y sociales que establecieron con otros actores, sus fuentes de financiación, los daños y afectaciones que ocasionaron a comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades afro descendientes y a organizaciones sociales y políticas alternativas y las resistencias generadas por estas poblaciones ante la violencia paramilitar. Además caracteriza el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración de estas estructuras y sus dinámicas y consecuencias.
Este informe atiende a lo dispuesto en las órdenes 30 de la sentencia contra Darío Enrique Vélez y otros postulados del Bloque Elmer Cárdenas, y 10 de la Sentencia contra Jesús Ignacio Roldán, que solicitan al Centro Nacional de Memoria Histórica realizar una publicación que evidencie el abandono estatal, reporte la incidencia de los grupos armados contra la población civil y efectúe una reconstrucción de la memoria histórica de lo ocurrido en la región de Urabá, en especial en los municipios de Valencia, Tierralta y San Pedro de Urabá.
¿Cómo se construyó el informe?
El informe fue construido siguiendo la metodología definida por la Dirección de Acuerdos de la Verdad, en desarrollo del Mecanismo No Judicial de contribución a la verdad creado por la Ley 1424 de 2010. Se definió un plan de trabajo en el que se contempló el análisis de 27 municipios que integran la macrorregión de Urabá y su área de influencia (corredores de comunicación con otras regiones del país), la selección de una muestra de 217 contribuciones de desmovilizados que pertenecieron a las 4 estructuras analizadas y que se acogieron al mecanismo para su sistematización y codificación, la priorización en el análisis de las afectaciones generadas sobre comunidades étnicas, campesinas, organizaciones políticas, sociales y gremiales y la participación de las víctimas del conflicto armado, a partir de la recepción de sus testimonios y aportes a la verdad. Para ello se efectuó un trabajo de campo en los territorios entre 2016 y 2018, en el que se recogieron 155 contribuciones voluntarias mediante entrevistas individuales, talleres y grupos focales.
La información recogida fue transcrita, sistematizada y clasificada a partir de las categorías temáticas definidas para la construcción de informes analíticos y a partir de su revisión y análisis se redactaron los borradores de siete capítulos. Para culminar el proceso de ajuste y cierre de la escritura del documento se requiere validar su contenido con las comunidades y organizaciones que participaron en las actividades de recolección de información, conocer sus opiniones sobre el contenido preliminar del informe y definir con ellas y con los interesados en el proceso los ajustes que se requieren introducir para culminar satisfactoriamente el informe.
Características de las personas desmovilizadas cuyos relatos son usados en el informe.
Para la construcción del informe se tomaron 217 contribuciones de desmovilizados participantes en el mecanismo no judicial de contribución a la verdad, de las cuales 209 pertenecen a personas que hicieron parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU-CC, y los Bloques Elmer Cárdenas, Bananero y Héroes de Tolová (Ver gráfico 1) y se tomaron como complemento 8 relatos adicionales de personas que se desmovilizaron como miembros del Bloque Noroccidente antioqueño e indican haber sido parte de ACCU. Además de sus testimonios se utilizaron los resultados de la encuesta estructurada que se les realizó durante el proceso para conocer su perfil socioeconómico. En su mayoría los los relatos que se tomaron para la construcción del informe (57%) pertenecen desmovilizados del Bloque Elmer Cárdenas, seguidos por los relatos de integrantes del Bloque Bananero (22%), BHT y ACCU (12.9%).
A partir de la encuesta se identificó que su composición fue predominantemente masculina, ya que solo el 10% de la muestra eran mujeres.
Al analizar el origen de los desmovilizados que pertenecieron a las estructuras analizadas se identifica que estos provenían principalmente de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, con lo cual se confirma el reclutamiento de personas en la región y de municipios cercanos.
Los niveles de escolaridad alcanzados por los desmovilizados bajo, ya que el 63% de ellos contaban con educación primaria, mientras que solo el 2% curso educación superior.
En términos socioeconómicos se identifica que los desmovilizados provenían en su gran mayoría de hogares de bajos ingresos. El 75% de ellos percibían que los ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades del hogar, mientras que el 25 por ciento indicaba suficiencia de ingresos.
En cuanto a la pertenencia a grupos étnicos el 46% de los desmovilizados manifestaron reconcerse como afrodescendientes, mientras que el 49% indicó no ser parte de un grupo étnico.
En el proceso de investigación se identificó que durante su pertenencia a los grupos paramilitares, los desmovilizados transitaron entre estructuras. Prueba de ello es que el 34% de los desmovilizados de la muestra seleccionada manifestaron intervenir en dos o más estructuras.
