De conflicto

en conflicto

Yo era el chiquito y miraba los enfrentamientos en la montaña. El bombardeo fue en una noche del 2015, en la montaña, cerca de nuestra finca (…) Desde ese bombardeo, las cosechas de la finca no han sido buenas.

El descubrimiento de una mina en el año 1975 y el asesinato del líder Luis Enrique Arce en 1980 fueron el preludio del conflicto que viviría la región a causa del extractivismo del oro y la presencia de diferentes actores armados en el territorio. Desde ese entonces, en el Alto Andágueda han coincidido distintos grupos armados como el M19, el ELN, el EPL, las FARC, el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista) y los paramilitares (Ministerio del Interior, 2012; Tierra en Disputa, s. f.; Villa y Houghton, 2005). Esta confluencia desembocó en una serie de disputas en donde la comunidad quedó en medio del conflicto.

Yo salí del resguardo por el conflicto armado. En la zona había actores armados: guerrilla, ELN y paramilitares. El 12 de marzo del 2006, nosotros no conocíamos a las guerrillas. Ese día había elecciones y en plenas votaciones llegaron las FARC y también llegó el Ejército desde las montañas. Ese día hubo un enfrentamiento entre estos dos con la comunidad en medio (Participante de la IMH, comunicación personal, 5 de diciembre de 2020)1.

El enfrentamiento que nos narra Mariano Campo es uno de los hechos más recordados por el pueblo emberá katío del resguardo Tahamí. Durante esta confrontación muere el niño Willington Vitucay Arce de 11 años y quedan heridos otros seis indígenas. De acuerdo con la propia comunidad, el causante de estos daños fue el batallón Alfonso Manosalva Flórez, adscrito a la Brigada 4 del Ejército Nacional:

En nuestra memoria está el hermanito Willington Vitucay Arce, de once años, asesinado por las balas del Ejército Nacional el día 12 de marzo de 2006, cuando la guerrilla de las FARC y las tropas adscritas al batallón Alfonso Manosalva Flórez, sin compasión ni respeto por nuestras vidas o por el derecho internacional humanitario, se enfrentaron en nuestra comunidad teniéndonos como escudo humano. En este mismo día, el Ejército Nacional hirió con impactos de fusil a seis hermanos indígenas de Conondó y malogró una docena de nuestras viviendas. El niño asesinado y los heridos fueron victimizados dentro de sus propias casas por los efectivos del Ejército Nacional, quienes de manera mentirosa y arrogante han negado estos hechos; además, no existe hasta el momento un proceso jurídico para castigar a los responsables (Comunidad Emberá Katío de Conondó, resguardo Tahamí-Alto Andágueda, municipio de Bagadó y ONIC, 2008, p. 2).

Lastimosamente, este no ha sido el único hecho en el que la comunidad ha quedado en medio de las balas. En el año 2012, el Ejército realizó un bombardeo cerca de la comunidad de Conondó, dentro del resguardo Tahamí, lo que generó el desplazamiento de cerca de 2000 personas a la comunidad Aguasal (Verdad Abierta, 2014). La misma situación se repitió en el año 2015 cuando, en medio de bombardeos de la fuerza pública, muere Melba Tequia Sintua (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2015). Según han reportado varios medios, los bombardeos de la zona son comunes y ponen en grave peligro a la comunidad.

Desde el 2014 llegaba la guerrilla, FARC y ELN, a la finca. Yo era el chiquito y miraba los enfrentamientos en la montaña. El bombardeo fue en una noche del 2015, en la montaña, cerca de nuestra finca. El enfrentamiento fue entre el Ejército y las FARC. Los muertos fueron integrantes de estos grupos. Desde ese bombardeo, las cosechas de la finca no han sido buenas. Mi familia se ha visto afectada, necesita recursos y alimentación por esta situación. Ahora, con la pandemia, los pocos cultivos que logran sacar no tienen a dónde o a quién llevarlos a vender. Por miedo, mi papá decidió que debíamos salir y llegamos a Bogotá (Participante de la IMH, comunicación personal, 5 de diciembre de 2020).

El testimonio anterior expone las consecuencias de los enfrentamientos para la población civil. Por un lado, son el detonante de los desplazamientos forzados y, por el otro, afectan la seguridad alimentaria de los pobladores del resguardo Tahamí. A parte de los enfrentamientos en su territorio y el desplazamiento forzado de su gente, la comunidad del Alto Andágueda también ha vivido el confinamiento, las amenazas y el asesinato selectivo de sus líderes, como nos cuentan a continuación:

Yo salí del resguardo por eso. Nadie podía salir de sus casas porque, tanto el Ejército como las FARC, decían que no se harían responsables si alguien de la comunidad llegase a salir perjudicado. No se podía trabajar ni vivir, todo era sufrimiento. Entonces salí de la comunidad y me liberé de ellos. No quería vivir en la guerra, en la violencia (Participante de la IMH, comunicación personal, 5 de diciembre de 2020).

El 22 de julio de 2019 mataron a un tío, era hermano de Felipe, de mi papá (Participante de la IMH, comunicación personal, 5 diciembre de 2020).

Ante este panorama, distintas instancias judiciales han buscado proteger a la comunidad emberá katío del Resguardo Tahamí. En el año 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, a través de la Sentencia 007, falla a favor del resguardo y solicita la restitución de derechos territoriales indígenas. En esta sentencia afirman que:

Quedaron debidamente demostrados los procesos bélicos que causaron desintegración familiar y cultural del Resguardo en cuestión: señalamientos, asesinato selectivo de sus líderes, amenazas, hostigamientos, confinamiento, control de movilidad de personas, alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos, irrespeto a las autoridades tradicionales indígenas, ocupación de viviendas comunitarias, utilización de las comunidades como escudos humanos, reclutamiento de menores, bombardeos en su territorio, explotación minera ilícita, etc. Esta situación —que no es protestada por la parte opositora sino que la refrenda— conlleva a una profunda violación de mandatos constitucionales, que lesionan múltiples derechos de los integrantes de los pueblos indígenas (vida, integridad y seguridad personal) afectados por el conflicto armado y el abandono y desplazamiento forzado de su resguardo, así como también sobre los derechos fundamentales de tales etnias (autonomía, identidad y territorio) (Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia, 2014).

Es así como en este fallo se estableció una serie de medidas para garantizar los derechos fundamentales del pueblo emberá katío. Entre las medidas estaban la suspensión de los títulos mineros concedidos y de los que estaban en trámite por empresas como Continental Gold Limited Sucursal Colombia, Exploraciones Chocó Colombia S. A. S. y Anglogold Ashanti. Asimismo, se ordenó la construcción de puestos de salud y viviendas para garantizar el retorno al territorio de la comunidad. En una de las órdenes emitidas en el fallo se le pide al Ministerio de Defensa Nacional «garantías de protección al territorio indígena y a sus integrantes individual y colectivamente considerados, para la prevención de nuevos hechos generadores de abandono y despojo del territorio» (Moreno, Murillo y Murillo, 2017, p. 21). Es así como este fallo sienta un precedente importante debido a que es la primera sentencia de tierras a favor de una comunidad étnica. Sin embargo, la realidad es que, después de varios años, no se ha cumplido a cabalidad lo ordenado en dicha sentencia; los enfrentamientos, los bombardeos y el confinamiento ponen en riesgo a los indígenas y su permanencia en el territorio, de acuerdo con lo mencionado por Moreno, Murillo y Murillo (2017).


(1) Los fragmentos de historias de vida que aparecen en el documento fueron tomados de una entrevista realizada el 5 de diciembre del 2020.

De conflicto

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Yo era el chiquito y miraba los enfrentamientos en la montaña. El bombardeo fue en una noche del 2015, en la montaña, cerca de nuestra finca (…) Desde ese bombardeo, las cosechas de la finca no han sido buenas.
El descubrimiento de una mina en el año 1975 y el asesinato del líder Luis Enrique Arce en 1980 fueron el preludio del conflicto que viviría la región a causa del extractivismo del oro y la presencia de diferentes actores armados en el territorio. Desde ese entonces, en el Alto Andágueda han coincidido distintos grupos armados como el M19, el ELN, el EPL, las FARC, el ERG (Ejército Revolucionario Guevarista) y los paramilitares (Ministerio del Interior, 2012; Tierra en Disputa, s. f.; Villa y Houghton, 2005). Esta confluencia desembocó en una serie de disputas en donde la comunidad quedó en medio del conflicto.
Yo salí del resguardo por el conflicto armado. En la zona había actores armados: guerrilla, ELN y paramilitares. El 12 de marzo del 2006, nosotros no conocíamos a las guerrillas. Ese día había elecciones y en plenas votaciones llegaron las FARC y también llegó el Ejército desde las montañas. Ese día hubo un enfrentamiento entre estos dos con la comunidad en medio (Participante de la IMH, comunicación personal, 5 de diciembre de 2020)1.
El enfrentamiento que nos narra Mariano Campo es uno de los hechos más recordados por el pueblo emberá katío del resguardo Tahamí. Durante esta confrontación muere el niño Willington Vitucay Arce de 11 años y quedan heridos otros seis indígenas. De acuerdo con la propia comunidad, el causante de estos daños fue el batallón Alfonso Manosalva Flórez, adscrito a la Brigada 4 del Ejército Nacional:
En nuestra memoria está el hermanito Willington Vitucay Arce, de once años, asesinado por las balas del Ejército Nacional el día 12 de marzo de 2006, cuando la guerrilla de las FARC y las tropas adscritas al batallón Alfonso Manosalva Flórez, sin compasión ni respeto por nuestras vidas o por el derecho internacional humanitario, se enfrentaron en nuestra comunidad teniéndonos como escudo humano. En este mismo día, el Ejército Nacional hirió con impactos de fusil a seis hermanos indígenas de Conondó y malogró una docena de nuestras viviendas. El niño asesinado y los heridos fueron victimizados dentro de sus propias casas por los efectivos del Ejército Nacional, quienes de manera mentirosa y arrogante han negado estos hechos; además, no existe hasta el momento un proceso jurídico para castigar a los responsables (Comunidad Emberá Katío de Conondó, resguardo Tahamí-Alto Andágueda, municipio de Bagadó y ONIC, 2008, p. 2).
Lastimosamente, este no ha sido el único hecho en el que la comunidad ha quedado en medio de las balas. En el año 2012, el Ejército realizó un bombardeo cerca de la comunidad de Conondó, dentro del resguardo Tahamí, lo que generó el desplazamiento de cerca de 2000 personas a la comunidad Aguasal (Verdad Abierta, 2014). La misma situación se repitió en el año 2015 cuando, en medio de bombardeos de la fuerza pública, muere Melba Tequia Sintua (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2015). Según han reportado varios medios, los bombardeos de la zona son comunes y ponen en grave peligro a la comunidad.
Desde el 2014 llegaba la guerrilla, FARC y ELN, a la finca. Yo era el chiquito y miraba los enfrentamientos en la montaña. El bombardeo fue en una noche del 2015, en la montaña, cerca de nuestra finca. El enfrentamiento fue entre el Ejército y las FARC. Los muertos fueron integrantes de estos grupos. Desde ese bombardeo, las cosechas de la finca no han sido buenas. Mi familia se ha visto afectada, necesita recursos y alimentación por esta situación. Ahora, con la pandemia, los pocos cultivos que logran sacar no tienen a dónde o a quién llevarlos a vender. Por miedo, mi papá decidió que debíamos salir y llegamos a Bogotá (Participante de la IMH, comunicación personal, 5 de diciembre de 2020).
El testimonio anterior expone las consecuencias de los enfrentamientos para la población civil. Por un lado, son el detonante de los desplazamientos forzados y, por el otro, afectan la seguridad alimentaria de los pobladores del resguardo Tahamí. A parte de los enfrentamientos en su territorio y el desplazamiento forzado de su gente, la comunidad del Alto Andágueda también ha vivido el confinamiento, las amenazas y el asesinato selectivo de sus líderes, como nos cuentan a continuación:
Yo salí del resguardo por eso. Nadie podía salir de sus casas porque, tanto el Ejército como las FARC, decían que no se harían responsables si alguien de la comunidad llegase a salir perjudicado. No se podía trabajar ni vivir, todo era sufrimiento. Entonces salí de la comunidad y me liberé de ellos. No quería vivir en la guerra, en la violencia (Participante de la IMH, comunicación personal, 5 de diciembre de 2020). El 22 de julio de 2019 mataron a un tío, era hermano de Felipe, de mi papá (Participante de la IMH, comunicación personal, 5 diciembre de 2020).
Ante este panorama, distintas instancias judiciales han buscado proteger a la comunidad emberá katío del Resguardo Tahamí. En el año 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, a través de la Sentencia 007, falla a favor del resguardo y solicita la restitución de derechos territoriales indígenas. En esta sentencia afirman que:
Quedaron debidamente demostrados los procesos bélicos que causaron desintegración familiar y cultural del Resguardo en cuestión: señalamientos, asesinato selectivo de sus líderes, amenazas, hostigamientos, confinamiento, control de movilidad de personas, alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos, irrespeto a las autoridades tradicionales indígenas, ocupación de viviendas comunitarias, utilización de las comunidades como escudos humanos, reclutamiento de menores, bombardeos en su territorio, explotación minera ilícita, etc. Esta situación —que no es protestada por la parte opositora sino que la refrenda— conlleva a una profunda violación de mandatos constitucionales, que lesionan múltiples derechos de los integrantes de los pueblos indígenas (vida, integridad y seguridad personal) afectados por el conflicto armado y el abandono y desplazamiento forzado de su resguardo, así como también sobre los derechos fundamentales de tales etnias (autonomía, identidad y territorio) (Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia, 2014).
Es así como en este fallo se estableció una serie de medidas para garantizar los derechos fundamentales del pueblo emberá katío. Entre las medidas estaban la suspensión de los títulos mineros concedidos y de los que estaban en trámite por empresas como Continental Gold Limited Sucursal Colombia, Exploraciones Chocó Colombia S. A. S. y Anglogold Ashanti. Asimismo, se ordenó la construcción de puestos de salud y viviendas para garantizar el retorno al territorio de la comunidad. En una de las órdenes emitidas en el fallo se le pide al Ministerio de Defensa Nacional «garantías de protección al territorio indígena y a sus integrantes individual y colectivamente considerados, para la prevención de nuevos hechos generadores de abandono y despojo del territorio» (Moreno, Murillo y Murillo, 2017, p. 21). Es así como este fallo sienta un precedente importante debido a que es la primera sentencia de tierras a favor de una comunidad étnica. Sin embargo, la realidad es que, después de varios años, no se ha cumplido a cabalidad lo ordenado en dicha sentencia; los enfrentamientos, los bombardeos y el confinamiento ponen en riesgo a los indígenas y su permanencia en el territorio, de acuerdo con lo mencionado por Moreno, Murillo y Murillo (2017).
(1) Los fragmentos de historias de vida que aparecen en el documento fueron tomados de una entrevista realizada el 5 de diciembre del 2020.