El Urabá antioqueño, el sur de Córdoba, el Bajo Atrato y el Darién son territorios caracterizados por su exuberante riqueza natural y cultural. Poblados ancestralmente por distintos pueblos indígenas y afrodescendientes, estas zonas integran una macrorregión que opera como un corredor ambiental y social, pues permite la conexión entre el norte y sur del país, así como entre el Océano pacífico y el mar Caribe y con Centroamérica. Por tanto, su localización y recursos han sido codiciado desde la época de la colonia hasta la fecha para el impulso de diferentes proyectos.
Así, con el tiempo la región atrajo una sucesión de actividades económicas legales e ilegales, tales como la extracción de recursos maderables, la agroindustria y el contrabando, y nuevos pobladores con visiones y proyectos distintos para el territorio, en búsqueda de nuevas oportunidades, tales como: campesinos sin tierra, perseguidos políticos y empresarios interesados en expandir sus negocios. Pronto se generaron múltiples conflictos por la propiedad de la tierra, así como disputas obrero-patronales y entre organizaciones políticas y sociales, sin que existieran mecanismos adecuados para arbitrar y gestionar las tensiones, dada la presencia diferencial del Estado y la institucionalización de otros ordenes sociales que tenían mayor capacidad que este para intervenir.
Ante estas circunstancias, algunos actores recurrieron al uso de la violencia para imponer sus intereses, sin que esta fuera contrarrestada por el Estado y se garantizaran derechos básicos de sectores vulnerables. Se generaron por tanto diferentes ciclos de violencia desde mediados del S XX, donde surgieron estructuras armadas de distinto carácter y orientación política, que con el tiempo se reciclaron en nuevas organizaciones. Algunas de ellas se plantearon como autodefensas campesinas, otras como grupos insurgentes o como contrainsurgentes, siendo ineficientes las respuestas del estado nacional para recuperar el orden público.
Con el incremento de la migración de población desde otras zonas del país, por efecto de la construcción de la vía al mar, el despojo de colonos, la violencia bipartidista y la instalación de la industria bananera a finales de los años sesenta, se profundizo la colonización del territorio y aumentaron las demandas de acceso a vivienda, servicios sociales básicos y de garantía de derechos laborales por parte de los trabajadores bananeros. Surgieron varias organizaciones sociales cuyas banderas fueron acogidas por grupos insurgentes que se establecieron en el territorio. Tal es el caso del EPL, que surgió en el sur de córdoba y apoyó procesos de tomas de tierras, y de las FARC que creó en la zona el Frente V e incursionó allí por las ventajas que este territorio ofrecía para el abastecimiento de insumos.
Inicialmente, se generó una disputa entre sindicatos por contar con mayor número de afiliados que desató dinámicas de violencia, y fue aprovechada por grupos insurgentes para permear estas estructuras, generando a su vez su estigmatización de la de sus miembros, quienes venían siendo objeto de persecución y amenazas por parte de grupos armados financiados por algunos empresarios. Esta situación se manifestó en asesinatos selectivos y amenazas, que incrementaron con el tiempo.
Luego de una tregua entre las organizaciones guerrilleras para el inicio de conversaciones de paz con el gobierno nacional y de la suscripción de un acuerdo de desarme y desmovilización de un sector importante del EPL, las FARC y disidentes de esta organización iniciaron una persecución contra quienes se acogieron el proceso y conformaron el Partido Político Esperanza Paz y Libertad.
La violencia ejercida contra los “esperanzados” llevo a un sector de esta organización a desarrollar una estructura de autodefensa para contrarrestar los ataques en su contra, siendo esta Los comandos populares. Mientras tanto, otras organizaciones sociales y políticas y sus miembros eran objeto de estigmatización por parte de sectores políticos tradicionales, relacionados con empresarios ganaderos y bananeros de la región, quienes a su vez venían siendo afectados por el incremento de extorciones y secuestros realizados por grupos insurgentes. Esta situación, sumada a la adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional, llevó a que se establecieran estructuras armadas con el patrocinio de agentes del Estado, orientadas a garantizar la seguridad de sus patrocinadores.
En este complejo contexto, se proyectaron nuevas apuestas para la modernización de la región y su integración a los proyectos de apertura económica que se vislumbraban para el país por parte del gobierno nacional en alianza con sectores empresariales. Las propuestas de desarrollo de la región adoptadas por el nivel central distaban de las planteadas por organizaciones sociales y políticas alternativas a los partidos políticos tradicionales, que para ese entonces contaban con un importante respaldo popular que les permitió alcanzar importantes resultados en la primera elección popular de autoridades locales.
Mientras esto sucedía, incursionaron narcotraficantes provenientes de otras regiones del país interesados en adquirir tierras, especialmente en el sur de Córdoba, para facilitar el lavado de activos y la expansión de su negocio. Tal es el caso de Fidel Castaño cuyo interés era controlar el golfo y las rutas de narcotráfico, para lo cual adquirió tierras de manera fraudulenta o bajo intimidación y estableció alianzas con actores políticos, sociales económicos e institucionales locales utilizando un discurso contrainsurgente. Al mismo tiempo, cooptó a reductos de grupos de autodefensas creados en los años setenta y a estructuras delincuenciales, poniéndolas a su servicio. Su ejército era conocido bajo los apodos de Tangueros o Mochacabezas ya que se concentraba en la Finca Las Tangas, ubicada en Valencia Córdoba, y dentro de sus acciones armadas se presentaron casos de degollamiento, práctica que no se había registrado antes en el territorio.
Los grupos armados controlados por Fidel Castaño fueron utilizados para eliminar a los actores contrarios a sus intereses y a los de sus aliados, por lo cual aumentaron los homicidios selectivos y las masacres. Entre 1985 y 1994 ocurrieron más de 20 masacres dentro de las que se destacan las cometidas en las fincas La Honduras y La Negra y en los corregimientos de Mejor Esquina, Punta Coquitos y Pueblo Bello a finales de los años ochenta.
Asimismo, Fidel Castaño aprovechó los conflictos entre organizaciones insurgentes para reclutar a algunos de sus integrantes en su estructura criminal e involucró a sus hermanos en su avanzada desde el sur de Córdoba hacia el Norte de Urabá y de allí hacia el eje bananero. Este proceso se conoce como la primera expansión paramilitar y permitió la consolidación de la Casa Castaño. Su proyecto era conformar una macroestructura, integrada por la absorción de distintas organizaciones dispersas en el territorio en torno a un mando central. Luego de la muerte de Fidel en extrañas circunstancias, este proyecto se concretó con la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá- ACCU cuyo interés era expandirse desde el Urabá hacia otras zonas del país. De ella derivaron varios frentes que dieron lugar a las estructuras conocidas como los Bloques Bananero, Elmer Cárdenas y Héroes de Tolová, grupos que ejercieron la violencia paramilitar en la región entre 1994 y 2006.
De esta manera, el origen del fenómeno paramilitar en la región de Urabá está relacionado con:
– La existencia de diferentes intereses y visiones sobre el territorio, que llevaron a algunos actores a usar la violencia para superar las restricciones al avance de sus proyectos, contando en varios casos con la complicidad de miembros del poder político local.
– La pretensión por parte de sectores extractivistas, legales e ilegales (principalmente el narcotráfico) de controlar territorios estratégicos y rutas y corredores comerciales, lo que demandaba sustituir formas de vida tradicionales y desmantelar organizaciones sociales y grupos políticos alternativos contrarios, recurriendo para ello a estructuras armadas encargadas de ejecutar acciones violentas.
– La inadecuada respuesta de los poderes locales y del gobierno nacional a la precariedad de las condiciones de vida de los habitantes de la región, lo que estimuló el surgimiento reivindicaciones y de organizaciones que, al no ser bien recibidas, fueron objeto de persecución o de cooptación por grupos insurgentes, situación que redundó en la radicalización de las tensiones, y en la estigmatización de sus promotores, incluso de quienes no tomaron la vía armada. Las desconfianzas generadas, fortalecieron tanto los discursos insurgentes como contrainsurgentes, adquiriendo este último una mayor legitimidad para algunos sectores ante el incremento de extorciones, secuestros y arbitrariedades cometidas contra empresarios y la población en general.
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Mapas
Como se aprecia en el mapa el informe sobre el paramilitarismo en el Urabá antioqueño, el sur de córdoba, bajo Atrato y Darién, toma como referente espacial 27 municipios pertenecientes a los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, en los que se localizan 36 resguardos indígenas y 36 consejos comunitarios.
Los municipios incorporados en el informe son Arboletes, Necoclí, Turbo, Carepa, Mutatá, Uramita, San Juan De Urabá, San Pedro De Urabá, Apartadó, Chigorodó, Dabeiba, Frontino, Vigía Del Fuerte, Peque Y Murindó, pertenecientes al Departamento de Antioquia; Riosucio, Bajirá, Bojayá, Carmen Del Darién, Acandí y Unguía, adscritos al departamento del Chocó; y Los Córdobas, Valencia, Montería, Canalete, Tierralta y Montelíbano, localizados en el departamento de Córdoba.
Se incluyen municipios que si bien no son delimitados como parte del Urabá constituyen un corredor de comunicación entre esta y otras zonas del país y cuyas dinámicas históricas han estado estrechamente vinculadas.
Como se identifica en el mapa, desde mediados de los ochentas sucedieron en la región varias masacres que se atribuyen a grupos de extrema derecha, al margen de la ley, quienes comenzaron a intervenir en distintas zonas de las subregiones del Sur de Córdoba, el Urabá antioqueño, el Darién y el Bajo Atrato desde finales de los años setenta bajo el rotulo de La Mano Negra o escuadrones de la muerte. Estos grupos tenían como objetivo amenazar, desaparecer y asesinar civiles, principalmente dirigentes y miembros de las diferentes organizaciones sociales y personas que eran percibidas como delincuentes. A estos se sumaron otras organizaciones delincuenciales que fueron creadas para el cuidado de propiedades de terratenientes y narcotraficantes de las prácticas de las guerrillas. Algunos de ellos son Muerte a Revolucionarios de Urabá (MRU) Muerte a Secuestradores (MAS) y Movimiento Obrero Estudiantil (MOENS).
La mayoría de las Contribuciones Voluntarias, aportadas por civiles y excombatientes, coincidieron en señalar la participación en estas organizaciones criminales de integrantes de las instituciones estatales encargados de la Seguridad Nacional, la investigación y la judicialización, tales como: el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Servicio de Investigaciones Judiciales e Inteligencia (SIJIN), el Servicio de Inteligencia F2 de la Policía Nacional y el Servicio de inteligencia (B2) del Ejército Nacional.
Las masacres referenciadas en el mapa fueron identificadas a partir de varias fuentes primarias (Contribuciones voluntarias y relatos de desmovilizados) y secundarias (Observatorio de Memoria y conflicto y Rutas del Conflicto, principalmente) y son claves para entender la primera fase de expansión paramilitar, ya que marcaron una ruptura con respecto a los repertorios de violencia que se habían registrado en el territorio, dado el nivel de sevicia con el que fueron cometidas y los daños causados contra las comunidades donde se cometieron. De estas, solo una de ellas fue cometida por un actor diferente a los grupos de extrema derecha, siendo esta la Masacre de la Chinita, ejecutada por las FARC y que se enmarca dentro de su persecución contra exmiembros del EPL, luego de su desmovilización.
Como se observa en el mapa durante las décadas de los setenta y ochenta hicieron presencia en el territorio el Ejército Popular de Liberación EPL y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, identificándose la confluencia de ambas organizaciones en el sur de córdoba, el norte de Urabá y el eje bananero, así como la concentración de la presencia del EPL en las zonas costanera, norte y sur de Córdoba, mientras que las FARC concentraron su presencia en las zonas del Darién y el Bajo Atrato.
En el caso del EPL, esta organización anunció su conformación en el corregimiento de Juan José, actualmente adscrito al municipio de Puerto Libertador, en 1967, proclamándose como el brazo armado del Partido comunista Marxista-Leninista PC-ML. Su constitución es el resultado de la articulación de varios sectores de izquierda, a partir del liderazgo de Pedro Vásquez Rendón, Pedro León Arboleda y Francisco Garnica, y su actividad política y militar de desarrolló principalmente en las llanuras de los ríos Tigre y Manso, retomando la experiencia adquirida por las guerrillas liberales que operaron en el territorio durante la época de la violencia hasta su desmovilización luego de la amnistía decretada por el gobierno del General Rojas Pinilla, pues dentro de sus integrantes se encontraban antiguos militantes de estas organizaciones que retornaron a las armas ante los incumplimientos de los compromisos asumidos por el gobierno al momento de su desarme.
Para 1975 esta organización consolido su presencia en Tierralta y Valencia y se extendió hacia el centro y luego al norte de Córdoba. Asimismo, con la presión generada por operaciones militares realizadas por el Ejército Nacional para cercar al EPL, los combatientes de esta organización se dispersaron y avanzaron hacia el Urabá antioqueño, realizando un importante trabajo político con sindicatos y miembros del movimiento estudiantil. Se dio así el reclutamiento de nuevos integrantes y el surgimiento del comando urbano Pedro León Arboleda en 1976.
Por conflictos internos y la captura de varios de sus integrantes esta organización tuvo que revisar su estrategia, por lo cual incursiono en zonas urbanas y de desarrollo industrial, creando para tal fin los frentes Jesús María Álzate y Bernardo Franco (Observatorio de DDHH y DIH Vicepresidencia de la República, 2002, página 35); entrando así en competencia con las FARC por el control del territorio del eje bananero.
En 1971 se conformó el frente V de las FARC en el corregimiento de San José de Apartado, un territorio donde el Partido comunista había fortalecido sus bases sociales, como respuesta a lo definido en la quinta conferencia de esta organización donde se trazó el objetivo de consolidar la presencia en esta zona, dadas las ventajas que ofrecía para contar con una salida al mar y la provisión de armas. Desde esta zona, que se localiza en el piedemonte de la Serranía del Abibe, el Frente V pretendía expandirse, tanto hacia el sur, como hacia el norte, y hacia los límites de Antioquía y Córdoba, estableciendo para ello dos comisiones. Así, penetró en Córdoba durante la segunda mitad de los años setenta y creó los frentes 18 y 34. Este último se estableció en los límites con el Atrato y el Darién.
Con el proceso de paz iniciado en 1982 las guerrillas fortalecieron su presencia y permearon los sindicatos que se conformaron luego de su proscripción durante la vigencia del Estatuto de Seguridad, generándose una rivalidad entre estas organizaciones por obtener el control del territorio, que se profundizó con la decisión de algunos miembros de las FARC de unirse al EPL. Se generó una confrontación entre Sindicatos que fue contenida por la necesidad de confrontar conjuntamente al Ejercito.