La institucionalidad al servicio de un proyecto político criminal en el Sur de Córdoba, Urabá Antioqueño, Bajo Atrato y Darién
En el Urabá Antioqueño, Sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién el paramilitarismo tuvo uno de sus principales escenarios de expansión y consolidación, y se insertó en las dinámicas regionales en todos los niveles: desde apoyos mutuos entre militares de la región, el control de los grandes negocios – legales e ilegales -, alianzas entre líderes regionales por el control de recursos estatales en diversos órdenes de la administración municipal, departamental y nacional. Si bien el contexto político ofreció las oportunidades necesarias para que los grupos paramilitares pudieran organizarse y movilizarse, la influencia de aliados y caciques regionales fue esencial para su desarrollo y consolidación.
Integrantes del BB, BEC, y el BHT y miembros de la fuerza pública establecieron relaciones de cooperación que van desde acciones de suministro (intendencia, alimentos e información), patrullajes conjuntos, coordinación de operaciones, apoyo en combates e incursiones, hasta el favorecimiento o no interferencia en el accionar de los grupos paramilitares.
Episodios como las masacres de Honduras, La Negra y Pueblo Bello dan cuenta de la colaboración por acción u omisión de miembros de la Fuerza Pública en hechos en los que los paramilitares fueron protagonistas, y a su vez constituyen un punto de partida en términos de patrones de colaboración entre miembros de ambos grupos armados. Las alianzas entre algunos miembros de la Fuerza Pública y las Autodefensas permitieron la expansión y recrudecimiento de la violencia paramilitar en el Urabá Antioqueño. Investigadores de la Fiscalía explicaron que entre 1995 y 1999, pese a que el 100 por ciento del territorio del Urabá Antioqueño estaba siendo protegido por la fuerza pública, se registró el mayor auge paramilitar en la zona.
Un instrumento en el que se concretó la colaboración entre agentes del estado y los grupos paramilitares fueron las Convivir, asociaciones de servicios comunitarios y especiales de seguridad privada, que contaron con el visto bueno de representantes de Gobiernos departamentales, Fuerza Pública y organismos de inteligencia. En el periodo comprendido entre 1995 y 1998 se convirtieron en pieza clave de la estrategia de expansión de los grupos paramilitares, quienes aprovecharon su fachada legal para estrechar sus lazos con los sectores económicos, políticos y estatales.
En 1997, a solo dos años de su implementación, en territorio colombiano se habían constituido 414 asociaciones, muchas de ellas organizadas y representadas legalmente por comandantes de grupos paramilitares. A través de las Convivir los grupos paramilitares garantizaron el acceso a elementos de dotación logística (radios, uniformes, alimentos etc.), provisión de armas (algunas con amparo legal), dinero (tanto los aportes voluntarios como los recaudos extorsivos); y la participación en operaciones de inteligencia con la Fuerza Pública. Las Convivir estuvieron plenamente articuladas al proyecto paramilitar desde su fundación como espacio donde se concertaron las primeras alianzas entre la Fuerza Pública, la clase política local y las empresas multinacionales y nacionales; todo con la intención paramilitar de ocupar un lugar como sujeto político y no como instrumento militar, y poder darle rienda suelta a su proyecto político para tomarse el Estado
La sistematización de la información acopiada bajo el Mecanismo No Judicial de Acuerdos de la Verdad, o Ley 1424 de 2010, demuestra que los vínculos entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública adoptaron un patrón de colaboración y connivencia funcional a sus intereses. En el caso de la fuerza pública, la generación de resultados en términos de la lucha contrainsurgente y la obtención de beneficios económicos o ascensos. En el caso de los paramilitares, el repliegue del enemigo para lograr dominio territorial y ejecutar proyectos de carácter económico (legal e ilegal) y político.
Sin embargo, a partir del año 2000, las alianzas entre ambos ejércitos se transformaron en algunos territorios. Aunque la coordinación no desapareció totalmente, sí se lograron identificar algunos focos de tensión, persecución y hostigamiento por parte del Ejército hacia algunos bloques que operaron en las zonas mencionadas.
La élite política regional y nacional, por su parte, se alineó en el origen, incursión y sostenimiento de estos grupos armados. A través del movimiento “Urabá Grande, Unida y en Paz”, los paramilitares apoyaron a diversos candidatos a cargos de elección popular con la condición de asumir el compromiso de materializar los objetivos propuestos por el bloque en la zona de injerencia. Así, en el año 1998 en la región de Urabá, en los municipios de Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo, Necoclí, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Arboletes inició la implementación del proyecto político paramilitar que, más tarde, acapararía la región costera cordobesa con el “Proyecto Marizco”, que simbolizó la margen izquierda de río Sinú (San Bernardo del Viento, Los Córdobas, Canalete, Moñitos, Puerto Escondido); y Chocó (Vigía del Fuerte, Riosucio, Unguía y Acandí) con el “Proyecto Darién Chocoano” (Ver mapa) (Ver tablas).
En el Urabá antioqueño, Sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién la capacidad del Estado de direccionar a las Instituciones locales hacia un orden constitucional fue limitada. Los grupos paramilitares se valieron del contexto de debilidad institucional del Urabá antioqueño para construir estructuras paraestatales e instrumentalizar y cooptar la institucionalidad del Estado con el propósito de reproducir las condiciones necesarias para su mantenimiento.
Así, la captación de las juntas de acción comunal fue fundamental tanto para la promoción y difusión del proyecto, como para consolidar el dominio de la vida política de la región. La estrategia de acción consistía en una serie de reuniones obligatorias e informativas en las que asistían líderes comunales, presidentes de acción comunal, profesores, personeros, concejales, alcaldes y la comunidad en general. En ellas, los Promotores de Desarrollo Social impartían las directrices sobre cómo debían organizarse las juntas de acción comunal, la forma de funcionamiento de los consejos comunitarios, resguardos indígenas, cabildos abiertos y las comunidades conocidas como minga. Con esta estrategia las ACCU abarcaron y monopolizaron la voluntad organizacional y los mecanismos de participación ciudadana de la zona sobre la que ejercían influencia.
La creación de organizaciones de apariencia legal, pero de naturaleza criminal fue otra de sus estrategias. Tal es el caso de Asocomún, institución sin ánimo de lucro a través de la cual el BEC canalizó recursos y personal con el objetivo de intervenir e influenciar la vida política y social de la región del Urabá. En el periodo comprendido entre 2004 – 2007 Asocomún firmó contratos de prestación de servicios con varias entidades gubernamentales, entre ellas las alcaldías de Necoclí y Turbo, así como de la Consejería para la Acción Social de la Presidencia de la República, la Corporación Ambiental del Urabá (Corpouraba), el Incoder y el Ministerio de Agricultura. Además, ejecutó el proyecto “Tulapa Horizonte de Esperanza”, el cual contó con la participación de por lo menos 72 comunidades de la zona de influencia de la asociación. Con este proyecto la entidad inició una labor social y comunitaria para la erradicación manual de cultivos ilícitos y la generación de alternativas económicas y sociales, y llegó a estar inscrita en el Programa Familias Guardabosques dentro del Proyecto de Desarrollo Alternativo de la Presidencia de la República.
La construcción de alianzas no se limitó a las relaciones entre Bloques regionales y élites locales, sino que también le apuntó al diseño y celebración de acuerdos de carácter nacional con el propósito de “Refundar la patria y hacer un nuevo contrato social” (Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, 2011, Página 222). Estos pactos aludieron a pretensiones programáticas y a la necesidad de profundizar la influencia en el ámbito electoral, asimismo fueron el escenario perfecto para proyectar y gestionar la desmovilización colectiva de las distintas estructuras de las AUC. En esta categoría se encuentran el plan Birmania y el Pacto de Ralito.
Estos acuerdos, especialmente Ralito, simbolizaron la legalización de las alianzas entre la clase política tradicional de algunos departamentos de la Costa y los jefes de las AUC, con el objetivo de trasladar su poder territorial y económico al Congreso de la República. La reunión de Ralito demostró la rápida expansión del paramilitarismo y su fortaleza militar y económica, que terminó por reafirmar a las AUC la solidez para emprender sus propios proyectos políticos nacionales e infiltrar las instancias del poder público.
La comprensión del fenómeno paramilitar como un proyecto criminal, empresarial, político e institucional implicó necesariamente la exploración y análisis de las lógicas que subyacen a las conexiones existentes entre las diversas estructuras armadas y los actores territoriales. En el Urabá Antioqueño, Sur de Córdoba, Bajo Atrato y Darién, el Estado y el gobierno colombiano no fueron capaces de mantener la unidad del poder político institucionalizado, ni la unidad de acción de sus instituciones. Esta realidad evidenció la debilidad de las instituciones del Estado en el ámbito local y la incapacidad de las fuerzas en contienda de reconocerse como adversarios y configuró, además, la consolidación de instituciones regionales convenientes en lo político, arbitrarias en lo militar y extractivas en lo económico.
La incursión y expansión de las ACCU se vio facilitada por el tipo de alianzas que logró consolidar para mediados de la década del noventa con el empresariado bananero, narcotraficantes, comerciantes, agentes institucionales, líderes políticos y sectores del ejército, lo que les proporcionó una capacidad logística para moverse y afianzar su presencia en la región, evidenciando que su constitución involucró un proyecto político a gran escala para capturar el poder y establecer un nuevo orden social. La infiltración en diversos entes del aparato estatal no sólo involucró el orden local, sino que también supuso una proyección nacional que buscaba el control parcial de los cuerpos legislativos y la burocracia estatal.
El resultado de la implantación paramilitar desembocó en desplazamientos masivos y desocupación del campo, lo que implicó desterritorialización poblacional, la debilitación de la injerencia del Estado central en el ámbito regional, la consolidación de un grupo de poder de orden regional que operó por fuera del orden legal del Estado, la exclusión de amplios sectores de la población, ruptura social organizacional y la reconfiguración de la política local; factores clave para la persistencia y transformación del paramilitarismo en la región.
Mapas
Fuente: Procesado por el CNMH a partir de la información recolectada en el mecanismo no judicial de contribución a la verdad.
Como se identifica en el mapa, las rutas que siguió la expansión militar de las ACCU, fueron las mismas que tomó su proyecto político en el Sur de Córdoba, Urabá antioqueño, Bajo Atrato y Darién. La influencia paramilitar en los organismos gubernamentales fue fundamental para que la empresa criminal extendiera el control sobre el territorio y se convirtiera en la máxima y/o única autoridad de la zona, que definía sus apuestas de desarrollo económico y social. Algunos de los proyectos políticos que se establecieron fueron MARIZCO, Urabá grande unida y en paz y Proyecto Darién Chocoano.
Además, de trazar proyectos políticos para los territorios, los comandantes de las estructuras paramilitares fortalecieron sus relaciones con dirigentes políticos para que, en caso de lograrse un proceso de paz, pudieran contar con un apoyo en las instituciones que velaran por los intereses de las estructuras paramilitares. De esta manera, los aspirantes a cargos públicos suscribieron convenios ilegítimos, se favorecieron económicamente de los aportes efectuados por los comandantes paramilitares, cedieron el control territorial y asumieron posturas negligentes que permitieron que el Estado asumiera conductas omisivas.