De acuerdo con las cifras recabadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1958 y 2022 se han registrado 14.380 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia. Atendiendo a la identidad étnica, el 87,03% de ellas son afrodescendientes, 12,45% son indígenas y 0,44% pertenecen a las comunidades raizal y palenquera. El hecho de que las mujeres afrodescendientes representen en mayor número las víctimas de violencia sexual se debe, entre otras razones, a su lugar histórico en las periferias, su ubicación en territorios estratégicos para la explotación y la dominación comercial y de actores armados, así como a las dinámicas racistas, clasistas y sexistas que las reducen como personas.

La violencia sexual contra mujeres afrodescendientes se ha instaurado como un ejercicio de dominación masculina que ha persistido sobre los cuerpos racializados y que tiene sus orígenes en la Colonia, período en el que se apropiaron y sometieron los cuerpos de estas mujeres para ser tratados como mercancías y máquinas de reproducción de mano de obra esclavizada. Tras dichas prácticas, se han venido configurando prejuicios y estereotipos acerca de su identidad y se ha venido perpetuando el sometimiento de sus cuerpos, tal como ocurre en el marco del conflicto armado colombiano. En particular, han sido actores armados quienes ejercen formas de sometimiento y poder sobre ellas y sus territorios. Se trata de órdenes sociales en los que se les percibe como personas inferiores, no civilizadas, impetuosas o hipersexualizadas.

El informe «Expropiar el cuerpo: seis historias de violencia sexual en el conflicto armado» (2018) constituye un testimonio de que la violencia sexual ha sido ejercida por todos los actores armados implicados en el conflicto colombiano —guerrillas, paramilitares, fuerza pública y grupos posdesmovilización paramilitar— bajo distintas modalidades y magnitudes en contextos de disputa de territorios estratégicos para su accionar. Ese es el caso del Pacífico colombiano y de otros territorios ricos en recursos naturales para su explotación, con importante posición geográfica para el tráfico de armas, drogas, siembra de cultivos ilícitos, entre otras, lo que ha representado un mayor impacto de distintas formas de violencia. En particular, la violencia sexual ha sido utilizada estratégicamente para reafirmar el dominio violento de los grupos armados, y han instaurado masculinidades guerreras que imponen poder, control y órdenes sociales en territorios estructural e históricamente apartados para la efectiva presencia de la institucionalidad del Estado. Los departamentos de Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia reportan el mayor número de casos de mujeres afrodescendientes víctimas de este tipo de violencia.

La violencia sexual se emplea también para estigmatizar, acallar y aniquilar al “otro”, para despojarle de su dignidad, de su humanidad. Este tipo de violencia también implica que los hombres armados se otorgan un derecho de propiedad, que se ha configurado históricamente, sobre los cuerpos de las mujeres, convirtiéndolas en apropiables. Es decir, que deben estar a su disposición bajo ideales que justifican y fomentan todo tipo de violencias. Se trata de cuerpos que desde el accionar armado deben ser aniquilados por representar supuestos vínculos con el enemigo, o cuerpos que deben ser corregidos por transgredir normas sociales, de género o sexualidad. Tal es el caso de las personas LGBTI y de aquellas cuyos cuerpos que son objeto de tortura y sevicia por el hecho de ejercer algún tipo de liderazgo en sus comunidades.

Las prácticas discriminatorias excluyentes y racistas a las que continuamente se somete a las mujeres negras y afrodescendientes posibilitan la persistente ocurrencia de condiciones de pobreza, difícil acceso a servicios institucionales, falta de oportunidades laborales o educativas y las exponen a otros tipos de violencia que las ponen en desventaja frente a los hombres y a otras mujeres no racializadas. Estas condiciones de vulnerabilidad favorecen el ataque de los actores armados y en muchas ocasiones las conducen a salir forzosamente de sus territorios y a enfrentarse a contextos urbanos racistas y excluyentes, donde las mujeres negras e indígenas son relegadas a ejercer servicio doméstico y en ocasiones se perpetúan las violencias basadas en género, la violencia sexual o la esclavización por parte de quienes les pagan. Algunas de ellas son sometidas a redes de trata de personas con fines de explotación sexual, tienen trabajos mal pagos e informales, así como un difícil acceso a la educación básica, técnica o universitaria.

Es importante que distintas instancias del Estado y la sociedad civil colombiana continúen sumando esfuerzos para garantizar el derecho a la reparación simbólica, material y colectiva de comunidades históricamente violentadas. Especialmente, de las mujeres que son víctimas de violencias basadas en género y de violencia sexual por el hecho de ser mujeres y ser racializadas. Escuchar y visibilizar sus historias les permite a muchas de ellas sanar sus cuerpos, resignificar los hechos de violencia y continuar trabajando por la reconstrucción del tejido social de sus comunidades.