Vista panorámica de Zona Bananera. Daniel Sarmiento para CNMH, 2019.
Vista panorámica de Zona Bananera. Daniel Sarmiento para CNMH, 2019.
DISPUTAS Y CONFLICTO POR LA TIERRA: la guerra en la zona bananera
DISPUTAS Y CONFLICTO POR LA TIERRA: la guerra en la zona bananera
- Disputas y conflicto por la tierra: la guerra en la zona bananera
- Presencia y accionar de las guerrillas en la zona bananera
- Grupos de autodefensas y paramilitares en la zona bananera
- La violencia en las bananeras: Hechos victimizantes del conflicto armado en la zona bananera
- Hechos victimizantes municipio de Ciénaga
- Hechos victimizantes municipio de Aracataca
- Hechos victimizantes municipio de Fundación
- Hechos victimizantes municipio de Zona Bananera
- “Nos cambiaron la vida, pero aquí seguimos”
En la Sentencia de Justicia y Paz contra Rolando René Garavito Zapata, exintegrante del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se le ordenó al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentar los hechos de violencia ocurridos en zona bananera1, como se le conoce a esta subregión, conformada por los actuales municipios de Ciénaga, Aracataca, Fundación y Zona Bananera, en el departamento del Magdalena, haciendo especial énfasis en las victimizaciones que sufrieron las familias de las fincas Las Franciscas I y II, ubicadas en el corregimiento de Orihueca de Zona Bananera.
Para entender los hechos violentos es necesario recordar que estos se dieron en un contexto económico y político particular, que hunde sus raíces hasta mediados del siglo XIX, época en la que se dieron las primeras adjudicaciones de terrenos a grandes empresas agrícolas de exportación, propiedad de políticos nacionales y regionales como Tomás Cipriano de Mosquera, ex presidente del país, y ex gobernadores del Magdalena como Tomás Abello, Martín Salcedo Ramón, Cesar Campo, José Ignacio Díaz Granados, Manuel Dávila García y el líder liberal Benjamín Herrera. Así mismo, durante este periodo se hizo entrega de grandes extensiones de tierra a empresas extranjeras entre las que se encontraban la Compagnie Immobilière et Agricole de Colombie y la United Fruit Company, las cuales se establecieron en la zona bananera a finales del siglo XIX (Valencia & Martínez, 2018, página 17).
De acuerdo con lo que plantean Valencia y Martínez (2018), con la consolidación de este enclave agroindustrial en el siglo antepasado inició el poblamiento de la zona bananera promovido en principio por las empresas agrícolas, para contar con mano de obra para el cultivo de banano, café y cacao, posteriormente esta iniciativa fue apoyada por el Gobierno nacional. A partir de este poblamiento, a la apropiación del territorio que ya se venía dando por parte de los grandes terratenientes, se le sumaron los intereses de los trabajadores que desde su llegada buscaban hacerse a un terreno propio, aprovechando las tierras baldías que había en zona bananera. Durante las primeras décadas del siglo XX se ponen en tensión los intereses del campesinado y la agricultura de subsistencia, frente a los de los grandes propietarios y la agricultura de exportación empresarial (Legrand, 1988).
Esta tensión se extendería durante la segunda parte del siglo XX a partir de la promulgación de la Ley 135 de 1961, mejor conocida como “Ley de Reforma Agraria”, en el marco de la cual el Estado parceló algunas de las tierras que la United Fruit Company le entregó, así como las que fueron recuperadas por hombres y mujeres que se empezaban a vincular en organizaciones campesinas. En este contexto, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc)2, jugó un papel central no solo en la lucha por la tierra, que se mantendría durante las próximas dos décadas, sino en el carácter colectivo y de fortalecimiento de estos procesos sociales.
En este punto es necesario señalar que una de las características que adquiere la tensión previa entre los intereses de campesinos sin tierra y aparcelados, versus los dueños de grandes extensiones de tierra a finales de los años setenta y durante la década del ochenta, fue la persecución y estigmatización del movimiento campesino y de integrantes de la Anuc, entre otros movimientos sociales y políticos, al relacionarlos con los grupos guerrilleros que se empezaban a establecer en la zona bananera y que se presentaban como supuesto respaldo de las aspiraciones campesinas (CNMH, 2018, páginas 12, 16, 32).
Vista aérea de Las Franciscas posterior a la entrega de los predios en 2020. Luis Felipe Ragúa, para CNMH, 2019.
Presencia y accionar de las guerrillas en la zona bananera
En la década del ochenta la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se establecieron en diversos puntos de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus inmediaciones, entre las que se encuentran los municipios que hacen parte de la zona bananera. Según la información recopilada por la Dirección de Acuerdos de la Verdad (DAV) del CNMH, este grupo armado ilegal llegó a la región con la pretensión de combatir grupos de asaltantes, secuestradores y remanentes de la bonanza marimbera; sin embargo, su permanencia en el territorio sumado al surgimiento de grupos de autodefensa generó una oleada de violencia en la que los mayores afectados fueron las y los habitantes de esta región (CNMH-DAV, 2012, página 9).
El Frente XIX de las FARC en los años ochenta se fortaleció en los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación, pese a haber perdido en varias de las confrontaciones armadas con las autodefensas del Mamey, conformadas por Hernán Giraldo. Dicho Frente estableció bases y empezó a “cobrar impuestos” y “vacunas” a agricultores, ganaderos y empresarios de estos municipios (El Informador, 1988, 4 de marzo, página 2A). A finales de esta década y a principios de los años noventa, el Frente “Francisco Javier Castaño” de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), se estableció en los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Santa Marta (CNMH-DAV, 2012, página 11).
El accionar de estas dos guerrillas se caracterizó por la destrucción de infraestructura: quema de buses, tractomulas, instalaciones y maquinaria de fincas ganaderas y bananeras y, en general, ataques contra la infraestructura del sistema férreo. Así mismo, ocurrieron enfrentamientos con la fuerza pública y otros grupos armados ilegales que hacían presencia en la zona bananera, especialmente entre los años de 1989 y 1997, en los que se registraron ataques a las inspecciones de policía de Palmor y San Pedro de la Sierra, en el municipio de Ciénaga; Bellavista, en Algarrobo; Minca, en Santa Marta y Tucurinca y Santa Rosalía, en el municipio de Zona Bananera, entre otros (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2001). La población civil no estuvo exenta de las acciones criminales de estos grupos, pues se realizaron secuestros a comerciantes y ganaderos, así como cobros de “vacunas” a los campesinos de la región (El Informador, 1990, 3 de diciembre, página 2A).
Grupos de autodefensas y paramilitares en la zona bananera
Desde mediados de los años setenta en la zona bananera se empezaron a configurar grupos de autodefensas, iniciando con Los Rojas, conformado por Adán Rojas y sus hijos, quienes habían llegado al Palmor en Ciénaga a mediados de los años sesenta provenientes del sur del Tolima. Según declaraciones de algunos de sus exintegrantes ante fiscales de Justicia y Paz, este grupo surgió para enfrentar las extorsiones de los grupos guerrilleros en la región, ya que llegó a controlar las rutas del narcotráfico, prestó servicios de seguridad a fincas marimberas, realizó asesinatos selectivos y masacres por encargo. Los Rojas controlaron el suroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, Ciénaga, Fundación y parte del norte del Cesar con el apoyo de ganaderos de la zona, algunos miembros del batallón Córdoba del Ejército nacional y de políticos de la ciudad de Santa Marta (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, 2014-a, páginas 38, 39 y 42).
Durante los años ochenta Los Rojas se aliaron con Hernán Giraldo, líder de las Autodefensas Campesinas del Magdalena y la Guajira, y durante casi una década se repartieron el dominio del territorio y manejaron de manera conjunta el cultivo de coca y los corredores de embarque de cocaína hacia el mar (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2001; Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2015, página 568). Años después, estos dos bandos se enfrentaron y protagonizaron una cruda guerra, cuyo final consistió en la firma de un “Acuerdo de Unión y no Agresión”, en el que Hernán Giraldo se vinculó al Bloque Norte de las AUC (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, 2014-b, página 41). Así mismo, establecieron alianzas con las autodefensas de la Casa Castaño y con los Cheperos, conformados por el ganadero y exdiputado (1992-1994) José María Barrera Ortiz, alias Chepe Barrera, pionero en la creación de las Convivir en el sur del Magdalena (CNMH, 2018, página 71). Estos grupos de autodefensa consolidaron la contraparte del control y dominio del territorio que se encontraba en disputa con los grupos guerrilleros ya mencionados.
Con la llegada de Salvatore Mancuso a mediados de los noventa a la zona bananera, en representación de los hermanos Castaño, los grupos de autodefensas señalados fueron asimilados por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que se consolidaron a través de la legalización de los grupos de seguridad y vigilancia privada o las denominadas Convivir por parte del Estado colombiano (CNMH, 2018, página 70).
Para el año 1996 Salvatore Mancuso le encargó a René Ríos González, alias Santiago Tobón, organizar grupos en Agustín Codazzi, Cesar; La Guajira; Fundación y Zona Bananera, Magdalena. Para estos dos municipios designó a William Rivas, alias 4.4, como su comandante (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2015, página 243). Este grupo posteriormente se transformó en la compañía Walter Úsuga, o según algunos informes de la Fiscalía General de la Nación (FGN), Frente Zona Bananera o Víctor Villareal, el cual ejerció control en Zona Bananera, Ciénaga, Fundación, así como en algunos corregimientos de Aracataca y El Retén (CNMH-DAV, 2012, página 17).
Es importante señalar que inicialmente este Frente hacía parte de las ACCU, pero en el año 1997 se convirtió en parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), nucleadas regionalmente en el Bloque Norte. Las AUC fueron el resultado de la alianza que se dio entre distintos grupos de autodefensas en varias regiones del país, entre las que se encontraban las ya mencionadas ACCU, las Autodefensas de los Llanos Orientales, las Autodefensas de Ramón Isaza y las Autodefensas de Puerto Boyacá con el objetivo de hacer presencia y ejercer dominio y control en otras zonas del país (CNMH, 2018, página 81).
Entender la trayectoria de la Compañía Walter Úsuga es de vital importancia en este proceso de reparación colectiva, puesto que en el año 1999 esta se consolidaría como el Frente William Rivas de las AUC, en honor a su excomandante abatido en combate, y sería el grupo responsable de los principales hechos de violencia que sufrieron las y los parceleros de las fincas Las Franciscas I y II durante el periodo 1999 y 2006, año en el que dicha agrupación se desmovilizó en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Según la información recopilada por la DAV en su documento de contexto sobre el Frente William Rivas de las AUC, las principales fuentes de financiación de esta agrupación estaban relacionadas con los dineros aportados por el sector turístico y hotelero ubicado entre la ciudad de Santa Marta y el municipio de Ciénaga, sector extorsionado durante muchos años por grupos guerrilleros. De la misma manera, este grupo paramilitar realizó el cobro de extorsiones a ganaderos, propietarios de fincas y productores de aceite de palma africana del departamento de Magdalena. Si estos se negaban a pagar la extorsión eran declarados objetivo militar del grupo armado ilegal (CNMH-DAV, 2013, página 51).
Otra de las fuentes de financiación del Frente William Rivas de las AUC era el robo de semovientes a gran escala (abigeato), los cuales transportaban hasta las fincas de propiedad de la organización criminal o que habían despojado con anterioridad (CNMH-DAV, 2013, página 54). Finalmente, es necesario mencionar que una de las motivaciones por las que se conformó el Frente William Rivas fue el acuerdo entre las multinacionales bananeras y el grupo paramilitar, el cual consistía en el pago de un “impuesto de guerra”, como ya se había hecho en el Urabá, donde se cobraban tres centavos de dólar por caja de banano a las bananeras Dole Food Company y Chiquita Brands (Verdad Abierta, 2008, 2009-a, 2009-b; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, 2016, página 86). Este hecho es relevante, en tanto las victimizaciones que sufrieron las y los parceleros de Las Franciscas, se relacionan con el despojo de los predios de dichas fincas que fueron utilizadas para la explotación de banano por la Dole durante varios años. “En la finca La Francisca, ubicada en el municipio de Zona Bananera, habitaban 52 familias cada una de las cuales tenía el dominio sobre tres hectáreas de cultivo, tierras que la empresa Dole, exportadora de banano, estaba interesada en adquirir, valiéndose para ello del apoyo de las AUC” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, 2016, página 89).
La violencia en las bananeras: Hechos victimizantes del conflicto armado en la zona bananera
Esta subregión se ha caracterizado por contar con amplia presencia y control por parte de grupos armados ilegales y agentes del Estado, cuya dinámica de confrontación dio como resultado un número significativo de hechos victimizantes contra la población civil en cada uno de los cuatro municipios del Magdalena que la conforman (Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca y Fundación). A continuación, se presentan los principales hechos violentos ocurridos en el marco del conflicto armado interno durante el periodo 1985–2017 para cada uno de estos municipios, con base en el trabajo de recopilación y análisis de información del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que procesó más de 22 tipos de fuentes académicas, sociales y judiciales.
Como su nombre lo indica, la subregión ha estado asociada históricamente al cultivo de banano, principal renglón económico y base de la dieta de sus habitantes. Desde hace treinta años, aproximadamente, la expansión de los cultivos de palma de aceite ha acarreado una serie de transformaciones sociales, todo lo cual ha incidido en la reducción de los cultivos de banano, presentes allí por más de cien años (Cinep, 2018, página 5).
Hechos victimizantes municipio de Ciénaga
El municipio de Ciénaga, localizado a orillas del Mar Caribe, está ubicado a 35 kilómetros de la capital del departamento en una posición privilegiada, ya que “(…) es un punto de convergencia de las personas que transitan por la troncal del Caribe hacia la Guajira, Barranquilla y el interior del país” (Alcaldía de Ciénaga, 2020). Cuenta con una población proyectada para 2020 de 124.339 personas, de las cuales 26.921 aparecen reportadas como víctimas del conflicto armado interno en el Registro Único de Víctimas (RUV) al 1° de enero de 2020 (UARIV, 2020). El país aún recuerda que el 6 de diciembre de 1928 ocurrió en su suelo la “Masacre de las Bananeras”, que cobró las vidas de numerosos trabajadores de la empresa bananera United Fruit Company a manos del Ejército nacional (Mesa Rivera, 2019). Después de 1996 la producción bananera se ha reducido; en 1999, con la creación del municipio de Zona Bananera, Ciénaga perdió “casi todos los corregimientos productores de esta fruta” (Meisel, 2004, página 24).
Ciénaga fue uno de los municipios de la zona bananera más afectados por el conflicto armado interno. En el periodo 1985–2017, según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), en este municipio ocurrieron 1980 asesinatos selectivos, como se indica en la Tabla 1. De los 1364 perpetrados por grupos paramilitares se identificó que el Bloque Norte es el responsable de 646 de ellos, dentro de los que están 142 realizados por el Frente William Rivas. Los trece homicidios de responsabilidad de grupos posdesmovilización corresponden a aquellos perpetrados por estructuras delincuenciales asociadas a grupos paramilitares, posteriores a los procesos de desmovilización que se dieron en el país en el marco de la Ley de Justicia y Paz. De los 106 perpetrados por las guerrillas, 78 son de autoría de las FARC y 15 del ELN. Los 47 asesinatos de responsabilidad de agentes del Estado fueron perpetrados por integrantes del Ejército y de la Policía nacional. Es importante mencionar que 12 asesinatos fueron llevados a cabo por grupos paramilitares con participación directa de agentes del Estado. El número restante de casos fue perpetrado por grupos armados no identificados que hicieron presencia en esta región.
Tabla 1. Número de víctimas por hechos victimizantes Ciénaga 1985-2017
Actor Armado | Asesinato Selectivo | Masacres | Desaparición Forzada | Casos Daños a bienes civiles | Secuestro | Violencia Sexual | Reclutamiento Forzado NNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos Paramilitares | 1376 | 156 | 293 | 45 | 16 | 25 | 1 |
Guerrillas | 106 | 20 | 43 | 101 | 219 | 15 | 22 |
Agentes del Estado | 47 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo Posdesmovilización | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo armado no Identificado | 144 | 32 | 85 | 11 | 4 | 5 | 1 |
Desconocidos | 294 | 9 | 132 | 9 | 8 | 21 | 0 |
N° Total víctimas | 1980 | 222 | 573 | 166 | 247 | 68 | 24 |
Elaboración propia. Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) – CNMH, corte diciembre de 2017
En este mismo municipio se realizaron 43 masacres en las que murieron 222 personas. De estas, 29 fueron perpetradas por grupos paramilitares, 4 de las cuales son responsabilidad del Frente William Rivas. La mayor parte de ellas ocurrieron entre 1997 y 2002. La guerrilla del ELN es responsable por 3 de estos hechos, mientras que las FARC son responsables por una ocurrida en el año 2004. El Ejército nacional es responsable por una masacre ocurrida en el año 2006. El número restante de casos fue perpetrado por grupos armados no identificados que hicieron presencia en la zona bananera.
Para el periodo 1985-2017 el OMC documentó 166 daños a bienes civiles, entre los que se encuentran quemas de vehículos, ataques a propiedad, sabotaje de infraestructura eléctrica, daños de maquinaria, entre otros. La mayor parte de estos fueron realizados por grupos guerrilleros quienes son responsables de 101 hechos y, en segundo lugar, se encuentran los grupos paramilitares que operaron en el municipio con 45.
En este mismo periodo se documentaron 573 desapariciones forzadas en el municipio. Los principales responsables de estos hechos fueron los grupos paramilitares, con 293 casos. El Bloque Norte es responsable de 129 desapariciones, dentro de las que hasta la fecha se han atribuido 6 al Frente William Rivas. 218 de los casos registrados se sabe que fueron perpetrados por actores del conflicto armado interno en la zona, pero no se pudo individualizar a qué estructura pertenecían. Las FARC son responsables de 15, el ELN de 11 y los 17 restantes se sabe que fueron realizadas por un grupo guerrillero, pero no se logró identificar la estructura. Agentes de Policía y miembros del Ejército nacional participaron de 4 de estas desapariciones.
El OMC registró otras modalidades de victimización entre las que se encuentran los secuestros que suman 247 casos, cuyos principales perpetradores fueron las guerrillas con 219 personas retenidas. Las FARC son responsables de 139, el ELN de 54, y el número restante de casos se sabe que fueron realizados por un grupo guerrillero, pero no se logró identificar la estructura. También se encuentran los secuestros realizados por grupos paramilitares quienes retuvieron a 16 personas.
Los registros de violencia sexual identifican 68 víctimas y los de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes 24 personas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que estas dos modalidades de victimización a nivel nacional presentan el subregistro más alto, por falta de denuncias, porque en muchos lugares estos hechos no se perciben como delitos, así como por otros factores como la vergüenza y el temor a denunciar. Según el RUV, entre 1985 y el 1 de enero de 2020 en este municipio se han desplazado de manera forzada 46317 personas (UARIV, 2020).
Hechos victimizantes municipio de Aracataca
El municipio de Aracataca, conocido a nivel nacional por ser la cuna del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, tiene una población proyectada para 2020 de 41.492 personas, de las cuales el RUV ha contabilizado 14.803 víctimas del conflicto armado interno al 1° de enero de 2020 (UARIV, 2020). La economía del municipio está enfocada a la agricultura y la ganadería. En la parte agroindustrial hay que mencionar los cultivos de banano, de palma de aceite y el procesamiento de esta última; otros cultivos son café, cacao, plátano, maíz, yuca y cítricos (Alcaldía de Aracataca, 2020).
Como se observa en la Tabla 2, en Aracataca durante el periodo comprendido entre 1985 y 2017 se registraron 376 asesinatos selectivos. El Bloque Norte de las AUC es responsable de 137 de los 281 casos registrados por grupos paramilitares y de estos 36 se le atribuyen al Frente William Rivas. De la actuación en conjunto de miembros del Ejército nacional con grupos paramilitares en este municipio se identificaron 2 asesinatos. La guerrilla de las FARC y el ELN son responsables de 8 y 6 asesinatos respectivamente. Se han documentado para este municipio 9 masacres perpetradas por grupos paramilitares; la mayor parte de ellas se concentra entre los años 2001 y 2004.
Se lograron identificar 176 casos de desaparición forzada, cuya responsabilidad recae en su mayoría en los grupos paramilitares de los cuales 17 fueron perpetrados por el Bloque Norte y 4 contaron con la participación de miembros del Ejército nacional. Las FARC son responsables de uno de los casos, al igual que el ELN. Para los casos restantes atribuidos a las guerrillas no se pudo determinar cuál de los dos grupos fue el responsable. Los daños a bienes civiles suman 49 hechos entre los que se encuentran quema de vehículos, daño a propiedad privada e instituciones y sabotaje a infraestructura de energía eléctrica. El Bloque Norte es responsable de 16 de ellos y 6 de estos fueron perpetrados por miembros del Frente William Rivas. Las FARC son responsables de 4, el ELN de 3 y se registraron 2 hechos en el año 1995 atribuidos a disidencias del EPL.
Tabla 2. Número de víctimas por hechos victimizantes Aracataca 1985-2017
Actor Armado | Asesinato Selectivo | Masacres | Desaparición Forzada | Casos Daños a bienes civiles | Secuestro | Violencia Sexual | Reclutamiento Forzado NNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos Paramilitares | 281 | 9 | 93 | 29 | 8 | 81 | 0 |
Guerrillas | 12 | 0 | 11 | 11 | 73 | 9 | 2 |
Agentes del Estado | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo Posdesmovilización | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Grupo armado no Identificado | 30 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Desconocidos | 34 | 0 | 43 | 3 | 3 | 38 | 0 |
N° Total Víctimas | 376 | 9 | 176 | 49 | 84 | 134 | 3 |
Elaboración propia. Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) – CNMH, corte diciembre de 2017
El mayor número de secuestros documentados para el municipio de Aracataca fueron perpetrados por los grupos guerrilleros que hacen presencia en la zona bananera, en especial por las FARC quienes son responsables de 60 casos, varios de ellos realizados por el Frente XIX “José Prudencio Padilla”. El ELN cometió 7 secuestros y otros 2 se atribuyen al EPL en el año 1989. Solo se registran 3 casos de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de la guerrilla de las FARC, perpetrados por los Frentes XIX y LIX que hicieron presencia en la región. La mayor parte de los hechos de violencia sexual identificados en este municipio son responsabilidad de los grupos paramilitares que hacían parte del Bloque Norte de las AUC. Según el RUV, entre 1985 y el 1 de enero de 2020 en este municipio se han desplazado de manera forzada 23.788 personas.
Hechos victimizantes municipio de Fundación
El municipio de Fundación se encuentra al sur de la zona bananera, cuenta con una población proyectada para 2020 de 70.491 personas, de las cuales 29.165 son víctimas del conflicto armado interno registradas en el RUV (Alcaldía de Fundación, (s.f.)-a; UARIV, 2020). De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2016-2019, el comercio es el primer renglón económico del municipio. En el campo agrícola destacan el café, el banano de exportación, la palma africana, el cacao y el plátano como cultivos permanentes, así como el ají, el arroz de montaña, el maíz tradicional, el tomate, la yuca y el cilantro como cultivos transitorios (Alcaldía de Fundación, (s.f.)-b, página 31).
Tabla 3. Número de víctimas por hechos victimizantes Fundación 1985-2017
Actor Armado | Asesinato Selectivo | Masacres | Desaparición Forzada | Casos Daños a bienes civiles | Secuestro | Violencia Sexual | Reclutamiento Forzado NNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos Paramilitares | 539 | 68 | 201 | 34 | 28 | 74 | 0 |
Guerrillas | 65 | 17 | 27 | 49 | 130 | 16 | 16 |
Agentes del Estado | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Posdesmovilización | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Grupo armado no Identificado | 108 | 21 | 65 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Desconocidos | 68 | 0 | 71 | 4 | 12 | 62 | 0 |
N° Total Víctimas | 802 | 106 | 377 | 99 | 170 | 162 | 17 |
Elaboración propia. Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) – CNMH, corte diciembre de 2017
Como se observa en la Tabla 3, Fundación presenta un número significativo de hechos victimizantes perpetrados por los grupos armados que hicieron parte del conflicto armado interno. Se registraron 802 asesinatos selectivos, en los que 199 casos se identifica la presunta responsabilidad por parte del Bloque Norte, de los cuales 29 fueron perpetrados por integrantes del Frente William Rivas. De los hechos cometidos por agentes del Estado se identifican 6 cometidos por miembros del Ejército y uno de la Policía nacional. De los asesinatos perpetrados por grupos guerrilleros 22 son de autoría de las FARC, 16 del ELN, 26 de guerrillas no identificadas y se registra un caso atribuido al EPL para el año 1990. En relación a las masacres ocurridas en este municipio el OMC identificó 21 hechos, con un total de 106 muertos. 14 de estas masacres fueron perpetradas por grupos paramilitares, 5 por actores armados no identificados y dos por la guerrilla de las FARC.
Con relación a la desaparición forzada, en Fundación se registran 377 víctimas de este delito. Integrantes del Bloque Norte de las AUC perpetraron 22 de las 201 desapariciones realizadas por grupos paramilitares. Las FARC son presuntas responsables de 16, de estas 4 se adjudican al Frente XIX. De los casos que involucran a agentes del Estado se identifican 3 casos correspondientes a efectivos del Ejército nacional, el desaparecido DAS en 1990 y agentes de la SIJÍN en 1998.
En la Tabla 3 Fundación registra 99 casos de daños a bienes civiles entre quema de vehículos, daño de maquinaria agroindustrial, ataque a instituciones y propiedad privada. De los casos perpetrados por grupos paramilitares, 12 fueron cometidos por el Bloque Norte, de los cuales 4 corresponden al Frente William Rivas. De nuevo, las guerrillas son las responsables del mayor número de estos ataques, 25 realizados por las FARC, 16 por el ELN y se le atribuyen 2 casos a la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB) en el año 1991. Así mismo, se registran 170 secuestros, la mayor parte de ellos realizados por grupos guerrilleros. Las FARC son responsables de 74 casos, el ELN de 41 y se le atribuye un caso al EPL en el año 1990. El total de casos de violencia sexual perpetrados por grupos armados es de 162, de estos 64 corresponden a actores del conflicto no identificados por las víctimas. El reclutamiento forzado en Fundación mantiene la tendencia del resto de la zona bananera, realizado casi en su totalidad por grupos guerrilleros, en este caso 12 corresponden a las FARC y 4 al ELN. Según el RUV, entre 1985 y el 1 de enero de 2020 en este municipio se han desplazado de manera forzada 47.306 personas, ocupando el primer lugar en esta modalidad de victimización en los cuatro municipios de esta subregión.
Hechos victimizantes municipio de Zona Bananera
Zona Bananera era un corregimiento del municipio de Ciénaga que en agosto de 1999 ascendió a la categoría de municipio (Cinep, 2018, página 6). Tiene una población proyectada para 2020 de 73.933 personas, de las cuales se reportan 24.196 víctimas del conflicto armado interno en el RUV (UARIV, 2020). En la actualidad el cultivo de banano sigue siendo vital para la economía de este municipio, aunque empieza a ser desplazado por la siembra de palma de aceite ubicada en extensas propiedades de terratenientes. El reemplazo de cultivos de banano por los de palma ha aumentado la conflictividad social y mayor desempleo. Debido a que el cultivo de palma no requiere de mano de obra calificada, como sí lo requiere el de banano, esta ha tenido que migrar a lugares como Río Frío u Orihueca, corregimientos de este municipio (Ortiz-Rodríguez, 2015, páginas 61-63; Cinep, 2018, páginas 12, 13).
Tabla 4. Número de víctimas por hechos victimizantes Zona Bananera 1985-2017
Actor Armado | Asesinato Selectivo | Masacres | Desaparición Forzada | Casos Daños a bienes civiles | Secuestro | Violencia Sexual | Reclutamiento Forzado NNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos Paramilitares | 651 | 16 | 155 | 50 | 3 | 109 | 0 |
Guerrillas | 29 | 0 | 11 | 22 | 33 | 14 | 1 |
Agentes del Estado | 13 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Posdesmovilización | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Grupo armado no Identificado | 130 | 14 | 39 | 13 | 0 | 4 | 0 |
Desconocidos | 70 | 5 | 39 | 2 | 7 | 130 | 0 |
N° Total Víctimas | 896 | 52 | 247 | 90 | 43 | 264 | 1 |
Elaboración propia. Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) – CNMH, corte diciembre de 2017
Durante el periodo 1985-2017, como se indica en la Tabla 4, se identificaron 896 asesinatos selectivos, ocupando el segundo lugar con mayor número de estos hechos después de Ciénaga. De los casos registrados para grupos paramilitares 317 fueron perpetrados por el Bloque Norte, entre los que se encuentran 82 ejecutados por el Frente William Rivas. De los asesinatos cuya autoría corresponde a agentes del Estado, 10 fueron presuntamente perpetrados por miembros del Ejército nacional. En los registros del OMC se encontraron 10 hechos adicionales en los que hubo participación de agentes del Estado y grupos paramilitares. Frente a la responsabilidad de estos asesinatos realizados por grupos guerrilleros 16 fueron cometidos por las FARC, 2 por el ELN y se atribuye un caso en el año 1993 a disidencias del EPL. Dentro de los asesinatos selectivos perpetrados por el Frente William Rivas se encuentran los asesinatos de 6 miembros de la Asociación de Parceleros de La Iberia (Aucibe), hoy Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a las Franciscas I y II (Aucrefran). El contexto de ocurrencia de estas muertes se desarrolla con mayor profundidad en el apartado histórico de la organización y en los relatos biográficos construidos en memoria de estos líderes.
En relación con las masacres ocurridas en el municipio de Zona Bananera se identificaron 52 hechos, con un total de 119 víctimas fatales. De estas masacres, 20 fueron perpetradas por grupos paramilitares, de las cuales 4 presuntamente tuvieron participación de agentes del Estado.
Como se evidencia en la Tabla 4 en esta misma población se registraron 247 desapariciones forzadas. De las perpetradas por grupos paramilitares, 79 fueron responsabilidad del Bloque Norte y 53 de estas del Frente William Rivas. En los hechos ocurridos contra las familias de Las Franciscas, se relata el caso de desaparición de Jaider Rivera, un joven de dieciséis años perteneciente a una de las familias de la asociación de parceleros. No hay mucha información sobre este hecho, solo que ocurrió en el mismo contexto en que fue asesinado José Kelsi, miembro de la asociación, por paramilitares del Frente William Rivas.
Sobre los daños a bienes civiles el OMC registra 90 hechos ocurridos para Zona Bananera. De los hechos perpetrados por grupos paramilitares 29 fueron de autoría del Bloque Norte, entre los que se suman 13 del Frente William Rivas. También se encuentran 3 casos en los que hubo participación de agentes del Estado junto a grupos paramilitares. Las FARC son responsables de 19 de estos daños a propiedad privada y se le atribuye uno al ELN. En relación a los hechos ocurridos en Las Franciscas, según las entrevistas realizadas a distintos integrantes de la organización, también hubo pérdidas materiales a lo largo de la lucha por este predio. En los episodios de desplazamiento forzado de 1988, 2004 y 2005 se perdieron cosechas, animales de corral y arreglos logísticos adelantados en Las Franciscas, como el cable para transportar el guineo y los ranchos que habían construido.
Sobre los secuestros ocurridos en este municipio en el marco del conflicto armado interno se registran 43 casos, de los cuales la mayor parte fueron perpetrados por grupos guerrilleros, en los que las FARC son los autores de 23 y el ELN de 4. Respecto a las cifras de violencia sexual Zona Bananera presenta el mayor número de casos de los cuatro municipios en cuestión, con un total de 264 hechos. Resulta preocupante que para más de la mitad de los casos no se logra identificar qué grupo los cometió, pero se sabe que son grupos armados por el modus operandi, las características del armamento, entre otros elementos relatados por las víctimas. Respecto al reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes para este municipio solo existe un registro ocurrido en 2004 por la guerrilla del ELN; sin embargo, como ya se mencionó con anterioridad, hay un alto índice de subregistro de este tipo de hechos victimizantes en el país.
Según el RUV el municipio de Zona Bananera registró 42.002 personas desplazadas de manera forzada por los actores del conflicto armado interno entre 1985 y 2020. En las entrevistas realizadas a las familias de las fincas Las Franciscas I y II, así como lo señalado en la Sentencia de Justicia y Paz en contra del postulado Rolando René Garavito, el desplazamiento forzado se identifica como el delito con mayor número de víctimas directas dentro de Aucrefran. En efecto, 52 familias fueron obligadas a salir desplazadas de su territorio en 2005, tras las amenazas y el asesinato de varios de sus miembros por paramilitares del Frente William Rivas.
Las cifras anteriormente presentadas evidencian que, con la llegada y posterior fortalecimiento de los actores armados ilegales en la subregión a finales del siglo XX y principios del XXI, se generaron un conjunto de reconfiguraciones en el territorio donde la sociedad civil fue la más afectada.
Tabla 5. Número de Víctimas por hechos victimizantes municipios de la zona bananera
Municipio | Asesinato Selectivo | Masacres | Desaparición Forzada | Casos Daños a bienes civiles | Secuestro | Violencia Sexual | Reclutamiento Forzado NNA | Desplazamiento forzado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciénaga | 1980 | 222 | 573 | 166 | 247 | 68 | 24 | 46317 |
Zona Bananera | 896 | 52 | 247 | 90 | 43 | 264 | 1 | 42002 |
Fundación | 802 | 106 | 377 | 99 | 170 | 162 | 17 | 47306 |
Aracataca | 376 | 9 | 176 | 49 | 84 | 134 | 3 | 23788 |
Total | 4054 | 389 | 1373 | 404 | 544 | 628 | 45 | 159413 |
Elaboración propia, fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) – CNMH, corte diciembre de 2017
Los diferentes hechos victimizantes en la zona bananera se concentraron durante los años 1997 y 2009, coincidiendo con el apogeo y desmonte de las estructuras paramilitares en la subregión. Como se aprecia en la Tabla 5, el municipio con el mayor número de hechos victimizantes es Ciénaga, seguido por Zona Bananera, Fundación y Aracataca, con algunas variaciones por modalidad victimizante, como es el caso de personas desplazadas y víctimas de violencia sexual en los que Fundación y Zona Bananera, respectivamente, tienen un mayor número de personas afectadas.
El hecho de que Zona Bananera y Ciénaga sumen más del 75 por ciento de las víctimas mortales de toda la zona bananera, solo ratifica lo mencionado en el apartado anterior sobre las estructuras armadas ilegales, donde se planteó que estos dos municipios fueron el centro de operaciones de varios actores armados, entre ellos el Frente William Rivas del Bloque Norte de las AUC, responsable de al menos 228 de estos crímenes.
Las cifras que aquí se presentan corroboran lo planteado por Valencia y Martínez (2018) quienes señalan que la agudización de la violencia en la zona bananera no afectó el modelo productivo agroindustrial, sino que a pesar de los constantes desplazamientos, despojo de tierras y demás hechos victimizantes, dicho modelo se terminó de consolidar mediante la expansión de los cultivos de palma de aceite y la permanencia de grandes extensiones de cultivos de banano, mientras que los pequeños agricultores tuvieron que salir de su territorio (Valencia & Martínez, 2018, página 41). Este fenómeno guarda relación con las alianzas entre los grupos paramilitares del Bloque Norte y grandes empresarios y terratenientes de la subregión, como lo han mostrado diversas investigaciones sociales y judiciales (CNMH, 2012, 2013, 2017, 2018; Valencia & Martínez, 2018).
“Nos cambiaron la vida, pero aquí seguimos”
Los hechos de violencia contra la comunidad de Las Franciscas, presentados durante más de 30 años, permiten evidenciar no solo los daños en las víctimas directas de los asesinatos y el desplazamiento forzado, sino que estas victimizaciones incidieron en la consolidación del proyecto que como colectivo se construye desde el año 1987 hasta la fecha, la Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a las Franciscas I y II (Aucrefran).
En este apartado se abordarán algunos de los daños que a nivel colectivo se presentaron por el accionar de los grupos paramilitares contra las familias de las Franciscas I y II, pero también las maneras que encontraron como colectivo para sobrevivir y resistir en un contexto de violencia sostenido durante décadas. Por esta razón es necesario señalar qué se entiende como daños y la manera en cómo estos se expresaron en las experiencias de las familias de Las Franciscas. Los daños generados por el accionar criminal de los distintos actores del conflicto armado en Colombia son “(…) el resultado de acciones [y omisiones] criminales que vulneran los derechos de una persona o de una colectividad. Estas acciones causan sufrimientos a las víctimas y afectan todas las dimensiones que soportan su vida íntima, familiar, social, política, cultural y productiva” (CNMH, 2014, página 10). Así mismo, estos daños se constituyen en violaciones a la normatividad internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (CNMH, 2014, página 16).
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las reflexiones sobre los daños no solo pasan por una lectura jurídica, sino que corresponden también a experiencias históricas que deben ser abordadas desde la perspectiva de cada uno de los actores del conflicto, tanto de los grupos armados, como de los actores civiles priorizando en este caso la perspectiva de estos últimos. Veena Das invita a reconocer que los daños no son fenómenos objetivos, sino que por el contrario corresponden a valoraciones subjetivas que pueden traducirse en “elaboraciones sociales (memorias sociales de la guerra), las cuales son producto de la experiencia del dolor causado por la acción violenta de la guerra y sus guerreros, pues el dolor es un comentario del terror” (Das, 2008, página 427).
En ese sentido, las narraciones que se encuentran en el apartado organizativo y en los quince perfiles biográficos que se construyeron con las familias de las víctimas de las Franciscas y de aquellas personas a las que decidieron honrar recordando su lucha por las tierras, corresponden a esas memorias sociales de la guerra en las que se reconoce cómo la vida que conocían se trastocó por lo ocurrido en el conflicto armado interno. Estos relatos recogen no solo las experiencias individuales de quienes fueron partícipes del proceso de reconstrucción de memoria en la zona bananera, sino que también expresan el sentir de un colectivo de mujeres y hombres que vieron lesionada su dignidad y sus derechos fundamentales por las acciones violentas de los grupos paramilitares, en su búsqueda del control y del dominio de la población y el territorio a través del terror y el sufrimiento.
A partir de estos relatos y del ejercicio de revisión de otras fuentes de información se identificaron cuatro tipos de daños: políticos, morales, económicos y familiares, los cuales afectaron al colectivo de mujeres y hombres de Aucrefran. Se entiende que los daños colectivos ocurren cuando se lesiona a un grupo social con hechos que impactan “(…) en su identidad y proyecto de vida [colectivo] (…) [perjudicando] la calidad de vida y el goce efectivo de los derechos civiles y políticos de la comunidad o grupo social” (CNMH, 2014, página 23). Aquí es importante señalar que los daños no se presentan de manera aislada de la experiencia de los seres humanos, sino que las consecuencias de la guerra se imbrican y aquellos hechos que están relacionados con cierto tipo de daño pueden exacerbar o incidir en la expresión de otros como se verá a continuación.
Los daños políticos corresponden a las acciones desplegadas por los grupos armados, en asociación con terceros que ejercen poder a nivel local y regional, con el propósito de impedir, silenciar o exterminar prácticas, mecanismos, organizaciones, movimientos, partidos, liderazgos e idearios políticos calificados como opuestos y percibidos como peligrosos o contrarios a sus propósitos e intereses (CNMH, 2014, página 43). Teniendo en cuenta estos elementos, la asociación de parceleros de Las Franciscas se vio afectada por el accionar de los grupos paramilitares, quienes estuvieron al servicio de la multinacional Dole Food Company que requería esos terrenos para impulsar sus exportaciones de banano. El desplazamiento de 2004, ocurrido por el asesinato de José Kelsi, llevó a un líder de la asociación a Barranquilla por un tiempo. Pero, “cuando yo me vine acá a Orihueca, ya a los ocho meses que convocamos a la gente pa’ reunirnos pa’ seguir peliando las tierras, la mayoría de la gente dijo que no, que los borráramos, que no querían saber nada, nada de la tierra; sin embargo, arrancamos como quince, quince o dieciséis personas comenzamos a trabajar” (CNMH, hombre adulto, testimonio 1, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
Por cuenta del asesinato de los miembros de la organización y adicionalmente por el desplazamiento forzado, crímenes cometidos por los grupos familiares para lograr tener acceso a estas tierras de manera ilegal, se fracturaron las relaciones sociales y comunitarias construidas por los integrantes de la Asociación. Su identidad común como campesinos se vio desdibujada con ocasión del desplazamiento e impidió que pudieran acceder en los siguientes 18 años a reconocimientos estatales sobre su relación jurídica con Las Franciscas, debido a la interrupción en la posesión y usufructo de las tierras. También se generó un agudo deterioro de la relación vital entre los campesinos con la tierra, con los lazos que entre ellos y Las Franciscas habían construido, pues este lugar no solo era donde cultivaban, sino que se había convertido en su hogar, en el lugar en el que compartían como colectivo y como familias.
Los anteriores daños, sumados a las acciones judiciales emprendidas por la multinacional Dole para deslegitimar la posesión que los campesinos ejercían sobre el terreno (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2018, páginas 38 y 39), conllevó a una doble victimización por parte tanto de la referida multinacional como de las instituciones del Estado involucradas, tales como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), organismo competente de reconocerles su posesión, junto con la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, instituciones públicas que no realizaron los trámites pertinentes para validar y definir la posesión de los campesinos sobre la tierra. De la misma manera, efectivos de la Policía nacional en muchas ocasiones fueron los encargados de realizar los desalojos, tras las múltiples retomas que se dieron entre 1996 y 2005. Acciones de este tipo se evidencian en varios de los relatos de las y los parceleros:
Después que ya estábamos [en nuestras tierras] se presentaron unos señores que decían que eran de la Fiscalía, con un inspector de policía de Ciénaga, y entonces nos cogió ahí un rancho que teníamos y nos reunieron ahí, ahí sacaron como a tres compañeros a que, o sea, no sé a declarar o hablar ahí y comenzaron a hablar ahí con… entonces hicieron como un levantamiento de desalojo y ya metieron el ejército, la policía y bueno (…) ‘no, que tienen que salir y tal o sino [nos] los llevamos, los llevamos detenidos’ (CNMH, hombre adulto, testimonio 6, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
Aunque se cultivan otros productos, el banano hace parte del paisaje de toda la región. Daniel Sarmiento, para CNMH, 2019.
“Entonces nos acercábamos a Incoder y ahí estaba una doctora que se llama Sonia Vervelso o Velversa algo así, esta señora siempre nos dijo que las tierras eran de la compañía y qué hacíamos nosotros reclamando tierras, que esas tierras no eran de nosotros. Entonces, en vista de que uno allá no conseguía nada, cualquier día la compañera María Saravia nos recomendó un abogado que se llama Fernando, Fernando Llano, el abogado se llama; con este señor nos dice a nosotros que si tenemos valor pa’ la lucha, él coge el caso si no, no (CNMH, hombre adulto, testimonio 7, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
De manera paralela, los paramilitares mantuvieron las estrategias para generar terror, como los asesinatos selectivos, las masacres y las desapariciones forzadas en la subregión, victimizaciones que tuvieron como consecuencia la ruptura de los vínculos entre los integrantes de Aucrefran, quienes veían en la lucha y esfuerzos por la posesión legítima de sus tierras la exposición de su vida, su integridad y la de sus familiares. “Mi señora siempre ha peliado conmigo pa’ que yo me retire de eso”, señala un líder sobre su trabajo directivo en la organización (CNMH, hombre adulto, testimonio 2, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
Los daños morales son entendidos como aquellos que deterioran los valores vitales de una persona o comunidad. Estos suelen materializarse en actos de humillación o estigmatización en razón de ciertas particularidades de esa persona o grupo social (Amador, 2017). Para el caso de Las Franciscas, el daño moral se evidenció en la estigmatización y señalamiento a las personas y sus familias. Los integrantes de Aucrefran fueron señalados como supuestos simpatizantes, colaboradores, auxiliadores, informantes, financieros o militantes de los grupos guerrilleros, sindicaciones que a los ojos de los grupos paramilitares justificaban su accionar. Esta situación se evidencia, entre otras, en el asesinato de los hermanos Jorge Alberto, Miguel Ángel y Gustavo Enrique Terán Pérez de 40, 37 y 36 años, quienes fueron asesinados el 07 de septiembre de 2001, por cuatro individuos que se movilizaban en motocicletas y que ingresaron a la parcela familiar ubicada en Las Franciscas. Posterior al asesinato en la comunidad se empezó a afirmar que a los hermanos Terán habían sido asesinados por ser supuestos auxiliadores de la guerrilla. Luego de asesinarlos, integrantes del Frente William Rivas del Bloque Norte de las AUC destruyeron las casas de los Terán, pretendiendo encontrar unos radioteléfonos que demostrarían su pertenencia con grupos guerrilleros. Posterior al asesinato de los Terán, sus esposas e hijos se desplazaron ante el temor de que les ocurriera lo mismo, así como por los señalamientos de algunas personas que afirmaban que este hecho se dio debido a sus vínculos con la guerrilla. Durante las audiencias de Justicia y Paz, integrantes de Aucrefran pudieron interrogar a Rolando René Garavito, también conocido con los alias de Care niño y Nicolás, frente a su responsabilidad en la perpetración de este hecho, pero no obtuvieron ninguna explicación satisfactoria sobre esas acusaciones.
Las y los integrantes de AUCREFRAN cuentan que su lucha por la tierra es para darle un futuro a sus hijos y nietos. Daniel Sarmiento, para CNMH, 2019.
Hubo varias personas que hicieron preguntas, porque como ellos supuestamente a nosotros nos catalogaron como guerrilleros, entonces, por ejemplo, el señor Jacinto le decía, le preguntaba a Nicolás que ¿por qué él nos catalogaba a nosotros como guerrilleros? Sin embargo, el señor Nicolás, o sea, la pregunta no la respondió, como la pregunta que le hace el compañero porque él lo que responde y dice es ‘no, si yo hubiese sabido que tú eres guerrillero yo te hubiera matado’, eso es lo que responde ese Nicolás y la pregunta no era esa, la pregunta era ¿por qué decían que nosotros éramos guerrilleros? Que era lo que tenía que responderle ‘bueno por esto, esto’, pero no, de pronto lo que contesta porque eso no es respuesta, o sea, no va acorde con la que le hace el compañero (CNMH, hombre adulto, testimonio 3, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
La estigmatización no solo estuvo relacionada con el señalamiento de ser supuestos auxiliadores de las guerrillas, sino que con posterioridad al desplazamiento forzado, muchos de los parceleros no lograban conseguir empleo por su condición de desplazados. “Si lo sacaron de allá o lo mataron fue porque algo estaba haciendo”, es uno de los testimonios que más se repite en la experiencia de la comunidad de Las Franciscas. A esa estigmatización se sumó aquella que vivieron los campesinos por participar en el proceso de reclamación de sus tierras. Para quienes salieron desplazados, fue muy difícil conseguir trabajo en las fincas bananeras de la zona porque eran vistos como “problemáticos” o unos “aprovechados”.
La situación anterior se articula con otro de los daños que constantemente aparece en los relatos de las y los parceleros de Las Franciscas, como es el patrimonial y material. La mayoría coincide en señalar que, si no hubiera sido por la pérdida de sus tierras y el desplazamiento forzado, en este momento sus condiciones de vida serían distintas.
Como se verá en detalle en el apartado Aucrefran, ejemplo de organización campesina, las y los parceleros de Las Franciscas fueron despojados dos veces de las tierras que les fueron asignadas por el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) en 1987, a través de la intimidación de actores armados al margen de la ley. En esa época los parceleros se agruparon en Aucibe, la Asociación de Parceleros de Iberia. El primer desplazamiento se dio en 1988, presionado por hombres armados de parte de Antonio Riascos, quien alegaba ser el dueño de las tierras. Este hombre transfirió la titularidad de la tierra a la Cacaotera de Orihueca en 1991. Más adelante, esta firma realizó el traspaso de la propiedad a Agrícola Eufemia, empresa que hacía parte de la división de producción y exportación de bananos en Colombia de la compañía Dole Food Company (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2018, páginas 30 y 31).
En 1994 la compañía Dole abandona las tierras y, dos años después, en 1996, los parceleros de Aucibe regresan a tomar posesión de las fincas y establecen sus viviendas y cultivos allí. El 14 de marzo de 2004, tras la muerte de José Kelsi a manos de paramilitares del Frente William Rivas del Bloque Norte de las AUC, se produce el segundo desplazamiento. Meses más tarde, hombres armados obligan a los parceleros a firmar documentos en blanco a nombre de Agrícola Eufemia para legalizar el proceso del despojo, y para recibir el pago de una suma de entre doscientos y quinientos mil pesos por sus tierras.
Esta operación irregular de compraventa de las mejoras, a partir de la cual los parceleros de Las Franciscas I y II perdieron la propiedad de las tierras, permite establecer una relación directa entre la Dole y las AUC. “En la finca ‘La Francisca’, ubicada en el municipio de Zona Bananera habitaban 52 familias, cada una de las cuales tenía el dominio sobre tres hectáreas de cultivo, tierras que la empresa “Dole”, exportadora de banano, estaba interesada en adquirir, valiéndose para ello del apoyo de las AUC”. La empresa bananera recurrió a los “servicios sicariales” de los paramilitares, a quienes financiaban, “para comprar predios a bajos precios o para forzar a colonos a abandonar tierras fértiles que estuviesen ocupando”, según se lee en el auto de legalización de cargos del postulado José Gregorio Mangones Lugo (Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, 2016, páginas 88-91). Según la sentencia de restitución de tierras, resulta evidente la concomitancia entre los actos de violencia acusados por la parte actora [grupos paramilitares] y los negocios suscritos por los campesinos de las fincas solicitadas en restitución que se encuentran ubicadas en el Municipio de Zona Bananera (Magdalena) con representantes de la empresa Agrícola Eufemia lo que permite establecer con claridad la existencia de un nexo causal entre una y otra (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2018, página 111).
A la pérdida de sus tierras, cosechas y animales de corral de los que dependía su sustento, las familias de Las Franciscas tuvieron que emplearse como jornaleros en fincas vecinas o en oficios varios, y se vieron obligados a pagar arriendo para asegurar su techo luego de haber contado con vivienda propia en las fincas. A este daño patrimonial, se suma el dinero que por más de 15 años invirtieron como asociación en asesorías legales para lograr el reconocimiento de la titularidad de los predios de Las Franciscas. La asociación se reunía cada quince días y todos sus integrantes debían aportar una cuota de entre dos mil y cinco mil pesos para un fondo de viáticos con el cual se pudieran sufragar las diligencias en Santa Marta y Bogotá (CNMH, hombre adulto, testimonio 4, Zona Bananera, Magdalena, 2019). Ese dinero “se invertía en viajes; nosotros, hubo viajes hasta Bogotá, una parte se llevaron los abogados rateros, un poco de abogados rateros que nos explotaron; una vez tuvimos que dar de a cincuenta mil cada uno pa’ un abogado que ya no se va resolver todo, se perdió y ya más nunca lo vimos, que cuando uno está en esa situación está vulnerable cualquiera lo engaña a uno” (CNMH, hombre adulto, testimonio 2, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
Finalmente, existe una dimensión familiar del daño, en donde las afectaciones tienen que ver con los cambios abruptos en los roles familiares y sus relaciones. La guerra promueve la transformación de las tareas que tradicionalmente ha cumplido un miembro de la familia, bien sea porque el hecho violento lo afectó de manera directa o por las condiciones del nuevo contexto. Muchas familias fueron desintegradas o quedaron en total incertidumbre por las transformaciones que produjo el accionar del Bloque Norte en cabeza del Frente William Rivas. Así, por ejemplo, sucedió con los 52 grupos familiares de Las Franciscas que fueron desplazados.
En este punto es importante señalar que, pese a que el conflicto armado interno tiene un lugar protagónico en la historia del municipio y de la asociación, también tienen un lugar central las acciones que como individuos y grupo realizan hasta la fecha para mantenerse en el territorio y no solo resistir al conflicto, sino vivir en medio de él. Aquí son importantes las alusiones que en las entrevistas hombres y mujeres señalaron para hablar de sus hogares, de los arreglos que han hecho en estos, de la manera en cómo ven en sus hijos y nietos la esperanza de un futuro distinto: “yo te soy sincera, yo esos predios cuando los entreguen yo quiero ponerlos a nombre de mis tres hijos, o sea como un patrimonio que ellos tengan”, señala una mujer que perdió a su compañero en la espera por la tierra (CNMH, hombre adulto, testimonio 5, Zona Bananera, Magdalena, 2019). También se deben resaltar las estrategias que tuvieron que emplear para que la asociación se mantuviera viva, como se evidencia en el apartado de la historia de Aucrefran. Esto en concordancia con lo que expresa Cancimance (2018), cuando se pregunta por el efecto, el sentido y la percepción, colectiva e individual, de las violencias ya que esto permite entender los modos en que configuran la subjetividad y a la vez son configuradas –y susceptibles de ser transformadas– por las acciones particulares de las comunidades (Cancimance, 2018, página 18), atendiendo, de este modo, a comprender y visibilizar cómo han hecho realidad el deseo de permanecer en la zona bananera, para construir un destino más allá de la guerra.
Trabajo constante la clave en el proceso de Las Franciscas. Daniel Sarmiento para CNMH, 2019.
Trabajo constante la clave en el proceso de Las Franciscas. Daniel Sarmiento para CNMH, 2019.
[1] En este documento se utilizará zona bananera en minúscula para denominar la subregión, y Zona Bananera en mayúsculas, para hacer referencia al municipio. Es importante señalar que, en algunas referencias bibliográficas consultadas sobre esta subregión, se suele dejar por fuera al municipio de Fundación e incluir a Pueblo Viejo y El Retén.
[2] La Anuc es una de las asociaciones campesinas más importantes en el país, cuenta con presencia en todo el territorio nacional. Se ha caracterizado por reivindicar la lucha por la tierra del campesinado, así como los derechos de estos desde mediados de los años setenta del siglo XX.
[1] En este documento se utilizará zona bananera en minúscula para denominar la subregión, y Zona Bananera en mayúsculas, para hacer referencia al municipio. Es importante señalar que, en algunas referencias bibliográficas consultadas sobre esta subregión, se suele dejar por fuera al municipio de Fundación e incluir a Pueblo Viejo y El Retén.
[2] La Anuc es una de las asociaciones campesinas más importantes en el país, cuenta con presencia en todo el territorio nacional. Se ha caracterizado por reivindicar la lucha por la tierra del campesinado, así como los derechos de estos desde mediados de los años setenta del siglo XX.
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Alcaldía de Ciénaga, (s.f.), Información del municipio (documento de internet), disponible en http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informaci%C3%B3n-del-Municipio.aspx, recuperado el 29 de junio de 2020.
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Alcaldía de Fundación, (s.f.)-b, Plan de Desarrollo Fundación 2016-2019 (documento de internet), disponible en http://www.fundacion-magdalena.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-%202019.pdf, recuperado el 30 de junio de 2020.
Alcaldía de Zona Bananera, (s.f.), Información del municipio (documento de internet), disponible en http://www.zonabananera-magdalena.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informaci%C3%B3n-del-Municipio.aspx, recuperado el 29 de junio de 2020.
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