Aucrefran, ejemplo de organización campesina
Aucrefran, ejemplo de organización campesina
La modalidad escogida por parte de los parceleros y parceleras de Las Franciscas I y II para la dignificación de sus luchas consiste en la elaboración de perfiles biográficos individuales. Sin embargo, la trayectoria de la Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a las Franciscas I y II, Aucrefran, enmarca las historias individuales en una narrativa común de esfuerzo, organización y compromiso comunitario en la lucha contra el despojo de su tierra. Este relato se construyó a partir de los testimonios recogidos por el CNMH en veinte entrevistas y dos talleres de memoria, distribuidos en cuatro comisiones al territorio, que incluyeron un recorrido por los predios con los y las integrantes de la organización y sus familias.
La primera época de parcelaciones en la subregión zona bananera del Magdalena se presentó en la década de 1960, cuando la Compañía Frutera de Sevilla, filial de la empresa multinacional bananera United Fruit Company, salió del territorio (Agudelo, 2011; Opinión Caribe, 2017, 8 de marzo). Muchos trabajadores se vieron atraídos por esta subregión con la esperanza de adquirir tierra. La Ley 135 de 1961, también conocida como “Ley de Reforma Agraria”, buscó extender la propiedad de la tierra a los campesinos por medio de la legalización de sus predios o la entrega de tierras baldías. Entre los años 1969 y 1970 el gobierno de Carlos Lleras Restrepo decidió parcelar las tierras entregadas por la Compañía Frutera de Sevilla al Estado y otorgarlas a los campesinos que habitaban la zona. Dicha tarea fue encargada al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Los campesinos tendrían la propiedad de la tierra y el acceso al mercado y al crédito. A cambio, debían trabajarlas y “(…) dejarlas en óptimas condiciones para iniciar proyectos productivos, especialmente, monocultivos” (CNMH, 2017, página 14; Valencia y Martínez, 2018, páginas 19-21).
Como lo afirma un estudio sobre el tema, “(…) en la región zona bananera se configuró un tipo de campesinado caracterizado por carecer de tierra y trabajar en las compañías bananeras” (Valencia y Martínez, 2018, página 20). Incentivados por la oferta estatal de adjudicación y legalización de la propiedad, los campesinos se fueron organizando en “juntas campesinas” para solicitarla o para realizar tomas de tierras. En el Magdalena, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) se creó entre 1970 y 1972, con el objetivo de representar los intereses del campesinado en los conflictos agrarios por la tierra (CNMH, 2017, páginas 13-20).
La finca Las Franciscas I y II, de 127 hectáreas y dividida en dos terrenos, ubicada en la vereda La Iberia, corregimiento de Orihueca, en el municipio de Zona Bananera, Magdalena, perteneció a la Compañía Frutera de Sevilla, cuyo representante fue Jacobo Correa. Este pidió préstamos hasta que la Caja Agraria le hipotecó los terrenos. Entonces la Caja Agraria se los arrendó a un español, de nombre Manuel Gandía –le decían Paco Gallego–, hacia la década de los años setenta u ochenta. Este sembró por varios años patilla, melón, sorgo y empleaba como cortadores a otros españoles. Inclusive, algún integrante de la comunidad llegó a trabajar con él limpiando y recogiendo patilla. Finalmente, este arrendatario español decidió entregar las tierras a la Caja Agraria, de acuerdo con el testimonio de un entrevistado (CNMH, hombre adulto, testimonio 5, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
En el año 1987 un grupo de campesinos decidió formar un comité para solicitar tierras al Incora. Bajo el liderazgo de José Gómez Maldonado, nació la Asociación de Usuarios Campesinos de Iberia, Aucibe. El primer presidente fue José Gómez y el secretario, Adolfo Márquez (que lo ha sido hasta el día de hoy). Esta Asociación se enteró que las tierras de Las Franciscas eran baldías por medio de un documento de la Oficina de Instrumentos Públicos. Con esta información en mano, acudieron al Incora, y su gerente, Manuel Linero Creus, accedió a titularles los predios a través de edictos emplazatorios, en los que se ordenó el ingreso de los campesinos.
Luego de haber planeado su entrada, alrededor de treinta campesinos, sin sus familias, ocuparon Las Franciscas en una noche de marzo de 1987. Llevaban mechones de petróleo y machetes al cinto. Se encontraron con que una parte de las tierras tenía todavía sembrados de patilla y melón. Inicialmente sembraron plátano y yuca de forma colectiva, antes de pensar en cómo se repartirían las tierras y cómo se instalarían allí con sus familias, que con los días acudían a hacer el sancocho para las jornadas de trabajo (CNMH, hombre adulto, testimonio 2, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
La Anuc se relacionó también con los parceleros por intermedio de José Gómez. Estos asistieron a reuniones convocadas en Ciénaga y algunos obtuvieron su carné para ser beneficiarios de asistencia técnica. Se cuenta que un líder de Anuc acompañó a la naciente Asociación de parceleros en sus tierras. Pero la creciente violencia en la zona, que desde mediados de los ochenta presionaba a obreros y campesinos, también se ensañó con la Anuc. Pronto, la Aucibe perdió su relación con esta organización.
Antonio Riascos fue el principal opositor a la presencia de los parceleros en Las Franciscas. Su familia era propietaria de varias fincas vecinas, como La Olga y Circasia. Comenzó a alegar que era dueño de las tierras e intentó de diversas formas sacarlos de allí. Una versión señala que la Caja Agraria le arrendó a él después de la salida del español. El caso es que, a pocos meses de ocupar las fincas, los parceleros recibieron su propuesta de comprarles las mejoras. Le respondieron que cuando trajera sus documentos de propiedad, ellos se irían, pero nunca les trajo nada. También contestaron que necesitaban la tierra para trabajar. A finales de 1987, Riascos llevó a hombres armados para intimidarlos, pero no logró su objetivo. Los campesinos siguieron sembrando y cultivando. Días después, en medio de una reunión, se les pidió a varios compañeros que fueran voluntariamente a dar declaración en Ciénaga. Once parceleros, incluyendo una mujer, se fueron en un camión de la fuerza pública y, al llegar al casco urbano, se los llevaron al calabozo del Comando de Policía de Ciénaga. Duraron quince días, al cabo de los cuales salieron gracias a la labor del abogado Armando Castillo, los campesinos presos regresaron a las fincas y todos siguieron inamovibles en el predio, a pesar de varias intimidaciones, como el hecho que les quitaran sus herramientas (CNMH, hombre adulto, testimonio 2, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
Un año y medio después de su llegada a las fincas, en 19883, los parceleros fueron obligados a salir por hombres armados, matones a sueldo conocidos como matapatos, que la comunidad identificó como oriundos de Ciénaga. Estos manejaron buldóceres que destruyeron cultivos y ranchos. De forma inmediata a la salida de los campesinos, los Riascos empezaron a sembrar banano. Los parceleros de Las Franciscas fueron víctimas del despojo, entendido este como,
aquel proceso por medio del cual involuntariamente un grupo o un individuo se ven privados material y simbólicamente por fuerza o coerción, de bienes muebles e inmuebles, lugares y/o territorios sobre los que ejercían algún uso, disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación para la satisfacción de necesidades. El despojo es el proceso mediante el cual, a partir del ejercicio de la violencia o la coacción, se priva de manera permanente a individuos y comunidades de derechos adquiridos o reconocidos en su condición humana, con relación a predios, propiedades y derechos sociales, económicos y culturales (CNRR-GMH, 2009, página 30).
Como se observa en el comportamiento de Antonio Riascos, este se valió en primer lugar de ofertas de compra, para después recurrir a vías legales donde presuponía que podría defender la titularidad de la tierra. Por esa razón, acude a la policía local para presionar a la comunidad campesina. Como esto no dio fruto, recurrió a la intimidación y, finalmente, al uso de la fuerza al margen de la ley para despojarlos. El despojador se valió de un amplio repertorio de estrategias para lograr usurpar la propiedad de las tierras a las y los campesinos (CNRR-GMH, 2010, página 46).
En 1991 Antonio Riascos arrendó Las Franciscas a la Compañía Cacaotera de Orihueca. El 14 de mayo de ese año la Cacaotera vende los predios “La Francisca I” y “La Francisca II” a la Agrícola Eufemia, filial de la Dole Food Company, compañía multinacional exportadora de banano (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2018, página 38). Los Riascos se fueron de la región y se dice que se marcharon a Estados Unidos. Desde entonces la Dole tomó posesión de las tierras y empezó a explotarlas con banano, alegando a los parceleros que esas fincas les pertenecían porque las habían comprado a los Riascos. La compañía permaneció hasta 1994, año en que abandonaron las tierras de forma voluntaria, pero no se sabe muy bien por qué.
Al salir de Las Franciscas, las y los parceleros se ubicaron en Orihueca y en Zona Bananera y trabajaron en cortes en fincas vecinas, es decir, en toda la fase de preparación del banano antes de su exportación: corte, selección, procesamiento y empaque. Conseguir trabajo no era fácil, ya que eran vetados en las fincas relacionadas con los Riascos. Las actividades de la Asociación continuaron. Las reuniones se programaban en las casas de Manuel Jiménez o Juan Charris cada quince días. Acudieron a diferentes entidades en Santa Marta y Bogotá con el ánimo de esclarecer el estado de sus tierras y averiguar la manera de volver a contar con tierra propia. El presidente, José Gómez, viajó a Bogotá varias veces. Sin embargo, varios miembros de la Asociación dejaron de acudir a las reuniones, cuyo cuórum en ocasiones solo llegaba a diez personas. Se sentían en peligro debido a la presencia de paramilitares en la región.
Los miembros de Aucibe contemplaron la idea de adquirir otras tierras a través del Incora, pero esta iniciativa se cayó cuando supieron que en Bogotá todavía figuraban como aparcelados. En 1996, dos años después de la salida de la Dole, los campesinos realizaron el segundo ingreso a la propiedad. Fue un fin de semana de enero. Entraron de noche y con machetes. La tierra estaba llena de maleza y no quedaba nada de las tuberías, el sistema de riego y el cable vía que los parceleros habían instalado. La novedad era la empacadora que había puesto la Dole. La prioridad era sembrar, mientras se mantenían atentos y vigilantes.
Ante una orden de desalojo de la Fuerza Pública, las mujeres se reunieron en un campamento y se resistieron a salir. Entonces, les tumbaron el rancho y los parceleros salieron al camino. Al irse el Ejército nacional, las y los parceleros volvieron a entrar al predio. Un soldado les había dicho: “nosotros estamos haciendo esto porque a nosotros nos pagan, pero ahora que nosotros nos vayamos ustedes pueden entrar a las tierras, nosotros no les vamos hacer nada a ustedes”. Los campesinos les pedían el documento de propiedad a la Dole, cosa que la compañía nunca presentó. Y, a pesar de que hubo vecinos que los criticaron, se quedaron a trabajar, a volver a comenzar de cero, sin préstamos ni nada.
Al cabo de un breve tiempo comenzó la distribución de las parcelas. En principio, la distribución se hizo de a tres hectáreas por familia. Con ayuda de un cable vía, útil para transportar el banano, se realizó la medición. Se ponía una marca y así fue como cada uno fue tomando lo suyo y acomodándose, sin conflictos entre los parceleros. Pronto, el Incora los visitaría de nuevo para realizar una inspección ocular de la ocupación de las tierras.
A un mes de estar en Las Franciscas comenzó la presión de la Dole sobre la comunidad de parceleros. En primer lugar, recibieron la visita de Ernesto Díaz Díaz, representante legal de la compañía. Les dijo que debían salir porque los terrenos eran propiedad privada. Organizó varias reuniones con ellos y les advirtió que su abogado debía estar atento. La Asociación no tenía ningún abogado como tal, pero contaba con la asesoría de la abogada Elisa Celedón, quien les ayudaba a construir documentos que firmaban el presidente y el secretario y que luego llevaban al Incora para proteger sus derechos sobre las tierras. En segundo lugar, se presentaron unos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (FGN) con el inspector de policía de Ciénaga. Los reunieron en un rancho y luego realizaron un intento de desalojo. Les pasaron un documento a su nombre en el que estos se comprometían a salir, si no querían irse detenidos. José Kelsi, entre otros parceleros, firmaron, y todos salieron, ubicándose a la orilla del predio. Cuando los agentes se fueron, los campesinos volvieron a ocuparlo.
En toda la historia de la Asociación han habido parceleros que han entrado y salido de ella. Para ingresar, había que ser admitido por consenso en una de las reuniones. No se podía permitir que cualquiera llegara. A su vez, quienes no querían continuar, lo anunciaban en una reunión y devolvían las tierras a la Asociación, quien se la cedía a otro. Las reuniones se convocaban con una frecuencia de quince días, y había que tener una justificación para no asistir a la empacadora, que era el lugar de encuentro. En las reuniones se planeaban los pasos a seguir para lograr la normalización de las tierras, el aval del Incora. Lo discutido era recogido en un acta por el secretario. Un cierto número de fallas era causal para recibir llamadas de atención o, incluso, para ser apartado del grupo.
El orgullo de los parceleros y parceleras de AUCREFRAN por regresar a su tierra y hacerse cargo de la producción es una fuerza viva. Daniel Sarmiento para el CNMH, 2019.
La Asociación ha contado desde sus inicios con presidente, tesorero, secretario y fiscal, y ha llevado un fondo para sostenerse. Cada asociado debía aportar una cuota de dos mil pesos en cada reunión. Con los años la posibilidad de lograr la posesión de las tierras fue creciendo, lo que atraería más campesinos sin tierra. Entonces se le cobraba a los nuevos una cuota cercana a los 100 o 200 mil pesos, ya que de ser beneficiarios se apoyaban en el trabajo de los más antiguos. El dinero del fondo se destinaba a los viáticos de los líderes de la Asociación y de los abogados en sus viajes a Santa Marta o Bogotá. Tristemente, hubo dinero que se perdió a causa de abogados avivatos (deshonestos).
Las normas de convivencia de la organización promovían el buen comportamiento, el respeto por la parcela del vecino y la solución de conflictos internos de forma pacífica, usualmente en reuniones de la Asociación. Era causal de salida del grupo ocupar una parcela y no trabajarla. Como algunos parceleros eran asalariados en otras fincas, venían pocos días a la semana y no levantaban un rancho, entonces se conformó un comité para verificar que todos estuvieran trabajando. Cuando había necesidades colectivas, se hacía la propuesta en las reuniones y se encargaba la limpieza de los caminos, o del sitio de reunión, que era el casino ubicado al lado de la empacadora.
A finales de los años noventa, la llegada de Wilson Sotomonte y William Oliveros a los cargos de administración de la Dole agudizó las presiones contra los parceleros. Estos, además, tuvieron que padecer otros medios de presión, esta vez por parte de grupos paramilitares. En los municipios de Zona Bananera, Ciénaga y Fundación operaba la Compañía Walter Úsuga, que más adelante se transformó en el Frente Zona Bananera de las AUC. En 1998 llamaron a Julio Machacón, presidente de la Asociación, para que se reuniera con ellos en diferentes sitios a solas. Le ofrecieron veinte millones de pesos para convencerlo de salir de Las Franciscas. “Tú con 20 millones de pesos pones un negocio y vives tranquilo”, le dijeron. Lo mismo hicieron con otro integrante de la Asociación, Juan Charris. Pero Machacón siempre se negó y les contó a sus compañeros. Lo que hizo para quitárselos de encima fue decirles que, si le iban a ofrecer algo, mejor que lo hicieran delante de todos sus representados.
Las y los campesinos comenzaron a exportar banano desde Las Franciscas a comienzos del nuevo siglo. Estuvieron haciéndolo hasta el año 2004. Para esa misma época, en el año 2001 el Frente Zona Bananera, perteneciente al Bloque Norte de las AUC, cambió de nombre a Frente William Rivas, bajo la comandancia de José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras. Los habitantes vivían en medio del temor. Los veían pasar y se enteraban de las noticias que llegaban de municipios aledaños. Este grupo paramilitar fue el responsable del asesinato de los hermanos Jorge Alberto, Miguel Ángel y Gustavo Terán, integrantes de Aucibe, el 7 de septiembre de 2001 (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2015, páginas 130, 131, 745). Su familia se desplazó enseguida, pero los parceleros se quedaron, aún con la zozobra. El 14 de marzo de 2004 la advertencia ahora no dejaba lugar a dudas. Luego que los paramilitares les dieran un plazo de 48 horas para abandonarlo todo, a José Kelsi le dispararon hombres del frente William Rivas del Bloque Norte de las AUC cuando iba a avisarle a sus compañeros. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, 2016, página 773).
Todos los parceleros y sus familias salieron de inmediato, dejando atrás sus casas y cosechas, como la de guineo, lista para ser exportada en quince días. Perdieron cultivos de pancoger, como la yuca, limón, ají, guayaba; animales, como las aves de corral… y todo un modo de vivir. En vez de subsistir con lo propio, los campesinos tuvieron que salir a pedir trabajo haciendo cortes. Algunos amigos les tendieron la mano por un tiempo, pero su condición de desplazados también afectó esas relaciones. Los daños se hicieron más profundos con la destrucción de sus posesiones por maquinaria pesada que ingresaron los paramilitares.
La experiencia de Aucibe muestra claramente una cadena de acciones de despojo contra los campesinos ocupantes de Las Franciscas (CNRR-GMH, 2010, páginas 46-48). Después de que los parceleros fueran desalojados por un grupo de seguridad privada en 1987, los campesinos retornaron en cuanto tuvieron la oportunidad, pues la Dole abandonó las tierras en 1994. Después, la compañía bananera recurrió a múltiples mecanismos para recuperar el control de la propiedad. En primer lugar, optó por presumir la posesión legal de la tierra con sus abogados; después acudió a instituciones como la FGN y la fuerza pública local para que, por medio de una diligencia de desalojo, los campesinos abandonaran nuevamente las tierras4. Recurrir al accionar criminal de los actores armados al margen de la ley, en este caso los grupos paramilitares, fue el siguiente paso5. Para la época, el paramilitarismo controlaba y dominaba el territorio, ejecutando múltiples victimizaciones contra la población civil, todo lo cual ocasionó un nuevo desplazamiento cuando los parceleros se resistieron a la intimidación y las amenazas. Solo se fueron de las tierras cuando mataron a José Kelsi.
Delegados de la Asociación fueron hasta la Personería de Sevilla para que les dieran el reconocimiento como desplazados. También escribieron un memorial a la Presidencia de la República. La búsqueda de algún beneficio para las y los parceleros hizo que las vidas de los dirigentes de la Asociación corrieran un alto grado de peligro. El secretario, Adolfo Márquez, y el presidente, Julio Machacón, tuvieron que salir abruptamente de sus casas y desplazarse sin sus familias después de que hombres armados los buscaran en la casa o en la finca en la que trabajaban. El continuo nerviosismo y el insomnio hacían parte de su vida cotidiana. Para salvar sus vidas, Márquez tuvo que viajar de urgencia a Barranquilla, y Machacón, quien fue declarado objetivo militar, contó con la suerte de que no lo reconocieran físicamente cuando fueron a buscarlo. Después tuvo que renunciar a la presidencia de la Asociación y marcharse por un tiempo al Atlántico.
El 29 de julio de 2004 en la finca La Teresa, cercana a Orihueca, tres hombres armados obligaron a las y los parceleros a firmar documentos en blanco a nombre de Agrícola Eufemia, filial de la multinacional Dole Food Company, para legalizar el proceso del despojo. Después de encerrarlos, le ofrecieron a cada parcelero entre 200 mil y 500 mil pesos. Los paramilitares les exigieron, sobre el dinero recibido, una cuota de comisión de cincuenta mil pesos y les dieron un recibo antes de dejarlos partir. Ese papel estaba firmado por Wilson Sotomonte (administrador de la multinacional). De esta forma, la compañía bananera Dole procedió a “legalizar” el despojo a través de una operación de venta forzosa, coaccionada por grupos paramilitares, efectuada después del abandono de tierras.
Abel Bolaños reemplazó en la presidencia de la Asociación a Julio Machacón. Los parceleros comenzaron a reunirse en la parcela de Ricardo García, con la esperanza de retomar de nuevo la lucha por su tierra. Abel seguía acudiendo a su parcela de forma constante, y es cuando los paramilitares lo asesinan el 13 de enero de 2005. Él sabía que estaba en riesgo, pero decía que, si a él lo llegaban a matar, sus compañeros no debían dejar que se perdiera la lucha, que había que seguir. Federico Ayola asumió entonces la presidencia.
El ánimo de buscar justicia y regresar a sus parcelas hizo que las y los campesinos siguieran unidos a pesar de las adversidades, que eran de todo tipo. Además de las pérdidas humanas, estaba la de documentos valiosos que probaban las gestiones burocráticas adelantadas en todos estos años por causa del desplazamiento. El secretario Márquez, por ejemplo, tuvo que hacer un hueco en la tierra y ocultar documentos en bolsas plásticas para salvaguardarlos. El miedo seguía siendo muy fuerte. A pesar de que los paramilitares se estaban desmovilizando para esa época, muchos de ellos pasaron a conformar las Águilas Negras, un nuevo grupo armado ilegal con pretensiones de control sobre el territorio. Ante la perspectiva de continuar reuniéndose y seguir unidos, varios parceleros se negaron por temor. Con quince o dieciséis de ellos que aceptaron continuar, conscientes de los riesgos constantes, la Asociación siguió viva.
Un pequeño grupo conformado por Alberto Charris, Julio Machacón (quien luego de varios meses en Barranquilla regresó a Orihueca), Petrona Meriño y Elisa Celedón, la abogada que les brindaba asesoría, fueron adelantando gestiones. Las reuniones que convocaba la Asociación fueron nutridas y gozaban de la asistencia continua de las y los parceleros, sin importar que muchas veces por seguridad no hubiese un lugar fijo de reunión. Cuando alguien no podía llegar, por ejemplo, enviaba al cónyuge. La Asociación acudió a abogados particulares. Varios de ellos dejaron el proceso, uno por amenazas.
En el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la entidad que remplazó al Incora en 2003, las cosas se dificultaron porque una funcionaria estaba a favor de la compañía bananera Dole y entorpecía la gestión de la Asociación. La Dole presentó títulos falsos para legitimar la propiedad de las tierras. Los campesinos aprovecharon que un estudiante de derecho de Orihueca, José Mendis, viajaba a Bogotá y le pidieron que hiciera averiguaciones. La Asociación reunió lo de su transporte y él trajo consigo dos resoluciones sobre la pertenencia de la tierra a favor los parceleros. En la sede local del Incoder revocaron esas resoluciones.
Fue por medio de José Mendis y de María Sarabia, otra compañera de la Asociación, que los campesinos contactaron al abogado Fernando Llano. Este les apoyó con un proceso de reorganización en 2006, del cual ya no se llamarían Aucibe sino Audefran, que significa Asociación de Usuarios Campesinos Desplazados de las Franciscas I y II. Con su aprobación, Llano presentó una demanda ante el Tribunal de Santa Marta por daños y perjuicios ante la Dole, con el objeto de obtener indemnización. Esta demanda llegó al Consejo de Estado, quien consideró que el asunto era competencia de la jurisdicción de Santa Marta. Federico Ayola, entonces presidente de la Asociación, tuvo que sortear una zancadilla por parte de la multinacional. Fue contactado por un trabajador de la Dole quien lo llevó a hablar con unos extranjeros. Estos le ofrecieron dinero para comprarle los documentos de la demanda, pero él se negó argumentando que esos papeles eran de todos sus compañeros.
En 2007, las y los campesinos se tuvieron que enfrentar a un serio obstáculo: el Incoder consideró que la propiedad de Las Franciscas era de la Nación, basándose en una resolución donde se afirmaba que se trataba de lotes baldíos. Con esto se les negaba la posesión y titularidad a los parceleros. Más tarde, el Incoder reconoció la compraventa a Agrícola Eufemia, con lo cual la Dole pasaría a ser la propietaria legítima de las tierras. De esta manera, la compañía bananera acudió a la institucionalidad estatal para poder legitimar sus títulos de propiedad y posesión sobre Las Franciscas. La lógica del despojo realizado por coacción y vía armada se solidifica así gracias a “(…) la adaptación perversa de mecanismos jurídicos para fines particulares” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Grupo de Memoria Histórica, 2010, página 48), lo cual generó que la apropiación ilegal del predio adquiera un aparente manto legal.
En la segunda mitad de la década de los años dos mil, Rolando René Garavito Zapata, conocido con el alias de Nicolás o Careniño, perteneciente al Frente William Rivas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entró como postulado al sistema de Justicia y Paz. Garavito fue acusado como responsable del asesinato de Abel Bolaños y José Kelsi, así como del desplazamiento y despojo de los parceleros de Las Franciscas en 2004. Las y los campesinos comenzaron las gestiones para ser reconocidos como víctimas dentro del proceso, ofreciendo declaraciones ante la Fiscalía y contando con la abogada Lourdes Peña para que los representara. En el inventario de daños del expediente incluyeron todas las pérdidas sufridas por el desplazamiento como las viviendas, cultivos, ganado, animales de corral, motores y un pozo para riego, junto con el lucro cesante, es decir, las ganancias que se dejaron de obtener por causa del desplazamiento. Pero, más adelante, supieron que la indemnización se correspondería con una tasa predeterminada, medida en 250 salarios mínimos legales por núcleo familiar.
Las audiencias públicas a las que asistieron los integrantes de Audefran fueron en Santa Marta, donde verían a Garavito a distancia, quien estaba en Barranquilla. Las declaraciones y respuestas del postulado constituyeron un golpe que revictimizó a los campesinos. No asumió ninguna responsabilidad más allá de afirmar que cumplía órdenes. Garavito le dijo a las víctimas que solo se encargó de lo militar y que, si querían saber más, era mejor que buscaran al encargado de las finanzas. Nunca dio nombres y no dijo por qué había estigmatizado y señalado a los campesinos como presuntos guerrilleros.
El proceso judicial que Audefran adelantó con el abogado Llano ya estaba andando cuando se enteraron que podían acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada en 2011. En 2013, la Unidad de Restitución de Tierras aceptó la solicitud de los parceleros de ser acogidos de la medida. Ya no necesitarían contar con un abogado particular. En adelante, pudieron contactarse con diferentes organizaciones e instituciones como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Concejo Noruego, el Cinep, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), y las embajadas de Suecia, Francia y Alemania (CNMH, hombre adulto, testimonio 1, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
Las actuaciones que estas organizaciones e instituciones realizaron sobre el caso fueron notorias. Habituados a ir de una agencia del Estado a otra, de una ciudad a otra, cuando les rechazaban sus gestiones en la alcaldía municipal, sin acompañamiento y buscando asesorías particulares, las y los parceleros reconocieron que una red de profesionales estaba ahora disponible para brindarles asesoría legal y psicosocial, con lo cual la Asociación tampoco iba a desaparecer. Funcionarios de la Unidad de Restitución en Cartagena y de las demás entidades los visitaban y asistían en sus tierras. Cuando se programaban las reuniones, todos acudían con el mayor compromiso, prestos a brindar las declaraciones y los documentos que hicieran falta. Si bien la rehabilitación psicosocial tuvo un importante efecto para fortalecer y alimentar su ánimo, también lo hizo el acompañamiento permanente de organizaciones e instituciones que realizaron una veeduría a su solicitud de restitución. Este nuevo escenario se constituye como fundamental, puesto que durante muchos años los campesinos tuvieron que sortear las dilaciones, obstáculos y negativas de la burocracia, alimentada por la corrupción, y afrontar en solitario el miedo y las amenazas constantes de unos enemigos poderosos.
Un momento de reposo en Las Franciscas. Daniel Sarmiento para el CNMH, 2019.
En 2016, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante sentencia condenó a Rolando René Garavito Zapata, alias Nicolás. El fallo reconoce como víctimas a 49 familias, cuando fueron 54 las que iniciaron el proceso. Las cinco familias restantes se quedaron por fuera del reconocimiento porque al momento de iniciar las diligencias vivían en otros lugares. En la actualidad, cursa una solicitud para incluirlas como beneficiarias. Para esas fechas, Calixto Miranda remplazó en la presidencia de Audefran a Federico Ayola.
Dos años después, el 24 de enero de 2018, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, expidió sentencia de restitución de tierras a favor de 49 familias campesinas. El proceso se demoró porque en la Sala se dieron cuenta que las y los parceleros tenían muchos más derechos por restablecer. El sueño de volver a las tierras se veía cada vez más cerca de convertirse en realidad. Ese año, la Asociación adquirió su nombre actual, Aucrefran, que quiere decir Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a las Franciscas I y II. En septiembre de 2019, la orden de un juez local suspendió la restitución, lo cual fue visto como un saboteo en toda regla a la autoridad judicial superior. Dos meses después, el 27 de noviembre de 2019, se dio la primera entrega de predios a cuatro familias. En febrero de 2020, Las Franciscas I y II fueron restituidas con pleno derecho de posesión y titularidad a las y los parceleros de Aucrefran, como legítimos propietarios de las tierras.
La prolongada lucha de Aucrefran es ejemplo de unión, organización, respeto mutuo y amor por la tierra. La suya es una historia de más de treinta años de esfuerzos individuales y colectivos que se ha podido escribir gracias a su poder de superación del miedo, que ha sido una constante que parecía no echar para atrás. Las y los campesinos lo han logrado porque mantuvieron claras sus motivaciones. Sabían que tenían razón, que su lucha era legítima y estaba amparada en decisiones institucionales que intentaron desconocer como el Incoder cuando echó reversa a la directiva del Incora, o las actuaciones de la fuerza pública y la justicia local, que promovieron los desalojos irregulares y no previnieron el desplazamiento. Para las y los parceleros, resignarse a perder las tierras era igual a ser víctimas de un abuso, de una humillación, tal como lo han descrito. No estaban disputando tierras ajenas, sino reclamando el reconocimiento del derecho de propiedad sobre Las Franciscas, que posteriormente se les había otorgado de manera legal.
La lucha de las y los campesinos por sus tierras fue desigual, ya que tuvieron que sortear la ofensiva armada y criminal de sus antagonistas. Tomaron conciencia que semejante disparidad de condiciones escondía un “menosprecio que hay con el campesino” (CNMH, hombre adulto, testimonio 4, Zona Bananera, Magdalena, 2019). Y aquí entra la segunda motivación más importante, y es el significado de la tierra para los campesinos. La tierra representa la posibilidad de asegurar el sustento, la garantía de supervivencia. Tener un lugar donde vivir y que también asegure la comida abre consigo la puerta de la autonomía. Cuando se piensa en la opción de ser jornaleros o corteros en las tierras de otros, una constante en la lucha de los parceleros, esta no se ve suficiente como proyecto de vida. La tierra propia representa para el campesinado el control de la producción. La posesión de al menos una hectárea y poder recibir el valor del ingreso total de los cultivos implica un cambio notable en la calidad de vida, al reducir los esfuerzos físicos y multiplicar las ganancias. Además, la producción campesina no está enfocada solo al mercado: muchos parceleros mencionaron la importancia de complementar sus cultivos con fines de venta con los de pancoger, así como la cría de animales, para variar su dieta. La relación del campesino con su tierra, la autonomía que gana con ella, permite la opción de asentarse en un territorio y de trabajar en proyectos familiares, vecinales y comunitarios.
AUCREFRAN seguirá luchando por el bienestar de sus asociados y sus familias. Daniel Sarmiento para el CNMH, 2019.
Las mujeres de la comunidad de Las Franciscas, a lo largo de los más de treinta años de lucha por la tierra, desempeñaron un papel que hace falta resaltar, han sido lideresas de este proceso. Muchas alentaron y mantuvieron la esperanza de poseer un pedazo de tierra propio, ocuparon y trabajaron la tierra, construyeron sus casas allí y entablaron relaciones de vecindad y cercanía entre las diferentes familias de parceleros. En muchas ocasiones animaban las jornadas de trabajo comunitario preparando el sancocho para todos y cuidaban de las familias mientras los demás iban a las tierras a trabajarlas. Las mujeres de Aucrefran asistían a las reuniones convocadas en nombre de sus familiares o en el suyo propio, y cuando llegó la hora del desplazamiento, no solo ampararon a sus familias, sino que conservaron los lazos entre la comunidad fragmentada y dispersa. Las abogadas, además, si bien no eran parte de la Asociación sí la acompañaron durante varios años representándola y asesorándola sobre el proceso judicial.
Las relaciones internas de la Asociación fueron la clave de su supervivencia. La búsqueda de consensos por encima de imposiciones y autoritarismo, la fijación de reglas de obligatorio cumplimiento, las reuniones frecuentes, la colaboración conjunta y la unión que impidió la corrupción del grupo –neutralizando las tentaciones individualistas de soborno–, hicieron que la Asociación creciera, aprendiera de las lecciones obtenidas y siguieran buscando apoyos cuando las puertas se cerraban. Su fuerza incluso es mencionada cuando se evoca a los compañeros caídos en la lucha: al recordar el desplazamiento, saben que “nos tenían que sacar a la brava”.
La Asociación, además, fue creativa en la organización de la vida comunitaria y la gestión para la titulación de sus predios. Buscó asesoría en diferentes entidades, contrató abogados y buscó ayuda en organizaciones no gubernamentales y embajadas cuando encontró la oportunidad. Fue enfática en la salvaguarda de sus documentos, en hacer seguimiento de su proceso en tribunales y en denunciar su estado de vulnerabilidad en las instituciones estatales encargadas de proteger los derechos humanos. Las y los parceleros mantuvieron sus lazos aun cuando el desplazamiento los obligó a dispersarse geográficamente por más de treinta años.
En la actualidad se comparte la expectativa de seguir unidos como comunidad para un proyecto productivo de guineo para exportación. Ya se han experimentado las ventajas de funcionar todos como uno solo, pues son escuchados más rápidamente y pueden ser más ambiciosos, asumiendo con ello el trabajo constante. Es posible que la Asociación a futuro pueda transformarse, dado que, cumplido el objetivo de recuperar legalmente sus tierras, ahora la intención sea sacarle el mayor provecho y disfrute.
La modalidad escogida por parte de los parceleros y parceleras de Las Franciscas I y II para la dignificación de sus luchas consiste en la elaboración de perfiles biográficos individuales. Sin embargo, la trayectoria de la Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a las Franciscas I y II, Aucrefran, enmarca las historias individuales en una narrativa común de esfuerzo, organización y compromiso comunitario en la lucha contra el despojo de su tierra. Este relato se construyó a partir de los testimonios recogidos por el CNMH en veinte entrevistas y dos talleres de memoria, distribuidos en cuatro comisiones al territorio, que incluyeron un recorrido por los predios con los y las integrantes de la organización y sus familias.
La primera época de parcelaciones en la subregión zona bananera del Magdalena se presentó en la década de 1960, cuando la Compañía Frutera de Sevilla, filial de la empresa multinacional bananera United Fruit Company, salió del territorio (Agudelo, 2011; Opinión Caribe, 2017, 8 de marzo). Muchos trabajadores se vieron atraídos por esta subregión con la esperanza de adquirir tierra. La Ley 135 de 1961, también conocida como “Ley de Reforma Agraria”, buscó extender la propiedad de la tierra a los campesinos por medio de la legalización de sus predios o la entrega de tierras baldías. Entre los años 1969 y 1970 el gobierno de Carlos Lleras Restrepo decidió parcelar las tierras entregadas por la Compañía Frutera de Sevilla al Estado y otorgarlas a los campesinos que habitaban la zona. Dicha tarea fue encargada al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Los campesinos tendrían la propiedad de la tierra y el acceso al mercado y al crédito. A cambio, debían trabajarlas y “(…) dejarlas en óptimas condiciones para iniciar proyectos productivos, especialmente, monocultivos” (CNMH, 2017, página 14; Valencia y Martínez, 2018, páginas 19-21).
Como lo afirma un estudio sobre el tema, “(…) en la región zona bananera se configuró un tipo de campesinado caracterizado por carecer de tierra y trabajar en las compañías bananeras” (Valencia y Martínez, 2018, página 20). Incentivados por la oferta estatal de adjudicación y legalización de la propiedad, los campesinos se fueron organizando en “juntas campesinas” para solicitarla o para realizar tomas de tierras. En el Magdalena, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) se creó entre 1970 y 1972, con el objetivo de representar los intereses del campesinado en los conflictos agrarios por la tierra (CNMH, 2017, páginas 13-20).
La finca Las Franciscas I y II, de 127 hectáreas y dividida en dos terrenos, ubicada en la vereda La Iberia, corregimiento de Orihueca, en el municipio de Zona Bananera, Magdalena, perteneció a la Compañía Frutera de Sevilla, cuyo representante fue Jacobo Correa. Este pidió préstamos hasta que la Caja Agraria le hipotecó los terrenos. Entonces la Caja Agraria se los arrendó a un español, de nombre Manuel Gandía –le decían Paco Gallego–, hacia la década de los años setenta u ochenta. Este sembró por varios años patilla, melón, sorgo y empleaba como cortadores a otros españoles. Inclusive, algún integrante de la comunidad llegó a trabajar con él limpiando y recogiendo patilla. Finalmente, este arrendatario español decidió entregar las tierras a la Caja Agraria, de acuerdo con el testimonio de un entrevistado (CNMH, hombre adulto, testimonio 5, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
En el año 1987 un grupo de campesinos decidió formar un comité para solicitar tierras al Incora. Bajo el liderazgo de José Gómez Maldonado, nació la Asociación de Usuarios Campesinos de Iberia, Aucibe. El primer presidente fue José Gómez y el secretario, Adolfo Márquez (que lo ha sido hasta el día de hoy). Esta Asociación se enteró que las tierras de Las Franciscas eran baldías por medio de un documento de la Oficina de Instrumentos Públicos. Con esta información en mano, acudieron al Incora, y su gerente, Manuel Linero Creus, accedió a titularles los predios a través de edictos emplazatorios, en los que se ordenó el ingreso de los campesinos.
Luego de haber planeado su entrada, alrededor de treinta campesinos, sin sus familias, ocuparon Las Franciscas en una noche de marzo de 1987. Llevaban mechones de petróleo y machetes al cinto. Se encontraron con que una parte de las tierras tenía todavía sembrados de patilla y melón. Inicialmente sembraron plátano y yuca de forma colectiva, antes de pensar en cómo se repartirían las tierras y cómo se instalarían allí con sus familias, que con los días acudían a hacer el sancocho para las jornadas de trabajo (CNMH, hombre adulto, testimonio 2, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
La Anuc se relacionó también con los parceleros por intermedio de José Gómez. Estos asistieron a reuniones convocadas en Ciénaga y algunos obtuvieron su carné para ser beneficiarios de asistencia técnica. Se cuenta que un líder de Anuc acompañó a la naciente Asociación de parceleros en sus tierras. Pero la creciente violencia en la zona, que desde mediados de los ochenta presionaba a obreros y campesinos, también se ensañó con la Anuc. Pronto, la Aucibe perdió su relación con esta organización.
Antonio Riascos fue el principal opositor a la presencia de los parceleros en Las Franciscas. Su familia era propietaria de varias fincas vecinas, como La Olga y Circasia. Comenzó a alegar que era dueño de las tierras e intentó de diversas formas sacarlos de allí. Una versión señala que la Caja Agraria le arrendó a él después de la salida del español. El caso es que, a pocos meses de ocupar las fincas, los parceleros recibieron su propuesta de comprarles las mejoras. Le respondieron que cuando trajera sus documentos de propiedad, ellos se irían, pero nunca les trajo nada. También contestaron que necesitaban la tierra para trabajar. A finales de 1987, Riascos llevó a hombres armados para intimidarlos, pero no logró su objetivo. Los campesinos siguieron sembrando y cultivando. Días después, en medio de una reunión, se les pidió a varios compañeros que fueran voluntariamente a dar declaración en Ciénaga. Once parceleros, incluyendo una mujer, se fueron en un camión de la fuerza pública y, al llegar al casco urbano, se los llevaron al calabozo del Comando de Policía de Ciénaga. Duraron quince días, al cabo de los cuales salieron gracias a la labor del abogado Armando Castillo, los campesinos presos regresaron a las fincas y todos siguieron inamovibles en el predio, a pesar de varias intimidaciones, como el hecho que les quitaran sus herramientas (CNMH, hombre adulto, testimonio 2, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
Un año y medio después de su llegada a las fincas, en 19883, los parceleros fueron obligados a salir por hombres armados, matones a sueldo conocidos como matapatos, que la comunidad identificó como oriundos de Ciénaga. Estos manejaron buldóceres que destruyeron cultivos y ranchos. De forma inmediata a la salida de los campesinos, los Riascos empezaron a sembrar banano. Los parceleros de Las Franciscas fueron víctimas del despojo, entendido este como,
aquel proceso por medio del cual involuntariamente un grupo o un individuo se ven privados material y simbólicamente por fuerza o coerción, de bienes muebles e inmuebles, lugares y/o territorios sobre los que ejercían algún uso, disfrute, propiedad, posesión, tenencia u ocupación para la satisfacción de necesidades. El despojo es el proceso mediante el cual, a partir del ejercicio de la violencia o la coacción, se priva de manera permanente a individuos y comunidades de derechos adquiridos o reconocidos en su condición humana, con relación a predios, propiedades y derechos sociales, económicos y culturales (CNRR-GMH, 2009, página 30).
Como se observa en el comportamiento de Antonio Riascos, este se valió en primer lugar de ofertas de compra, para después recurrir a vías legales donde presuponía que podría defender la titularidad de la tierra. Por esa razón, acude a la policía local para presionar a la comunidad campesina. Como esto no dio fruto, recurrió a la intimidación y, finalmente, al uso de la fuerza al margen de la ley para despojarlos. El despojador se valió de un amplio repertorio de estrategias para lograr usurpar la propiedad de las tierras a las y los campesinos (CNRR-GMH, 2010, página 46).
En 1991 Antonio Riascos arrendó Las Franciscas a la Compañía Cacaotera de Orihueca. El 14 de mayo de ese año la Cacaotera vende los predios “La Francisca I” y “La Francisca II” a la Agrícola Eufemia, filial de la Dole Food Company, compañía multinacional exportadora de banano (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2018, página 38). Los Riascos se fueron de la región y se dice que se marcharon a Estados Unidos. Desde entonces la Dole tomó posesión de las tierras y empezó a explotarlas con banano, alegando a los parceleros que esas fincas les pertenecían porque las habían comprado a los Riascos. La compañía permaneció hasta 1994, año en que abandonaron las tierras de forma voluntaria, pero no se sabe muy bien por qué.
Al salir de Las Franciscas, las y los parceleros se ubicaron en Orihueca y en Zona Bananera y trabajaron en cortes en fincas vecinas, es decir, en toda la fase de preparación del banano antes de su exportación: corte, selección, procesamiento y empaque. Conseguir trabajo no era fácil, ya que eran vetados en las fincas relacionadas con los Riascos. Las actividades de la Asociación continuaron. Las reuniones se programaban en las casas de Manuel Jiménez o Juan Charris cada quince días. Acudieron a diferentes entidades en Santa Marta y Bogotá con el ánimo de esclarecer el estado de sus tierras y averiguar la manera de volver a contar con tierra propia. El presidente, José Gómez, viajó a Bogotá varias veces. Sin embargo, varios miembros de la Asociación dejaron de acudir a las reuniones, cuyo cuórum en ocasiones solo llegaba a diez personas. Se sentían en peligro debido a la presencia de paramilitares en la región.
Los miembros de Aucibe contemplaron la idea de adquirir otras tierras a través del Incora, pero esta iniciativa se cayó cuando supieron que en Bogotá todavía figuraban como aparcelados. En 1996, dos años después de la salida de la Dole, los campesinos realizaron el segundo ingreso a la propiedad. Fue un fin de semana de enero. Entraron de noche y con machetes. La tierra estaba llena de maleza y no quedaba nada de las tuberías, el sistema de riego y el cable vía que los parceleros habían instalado. La novedad era la empacadora que había puesto la Dole. La prioridad era sembrar, mientras se mantenían atentos y vigilantes.
Ante una orden de desalojo de la Fuerza Pública, las mujeres se reunieron en un campamento y se resistieron a salir. Entonces, les tumbaron el rancho y los parceleros salieron al camino. Al irse el Ejército nacional, las y los parceleros volvieron a entrar al predio. Un soldado les había dicho: “nosotros estamos haciendo esto porque a nosotros nos pagan, pero ahora que nosotros nos vayamos ustedes pueden entrar a las tierras, nosotros no les vamos hacer nada a ustedes”. Los campesinos les pedían el documento de propiedad a la Dole, cosa que la compañía nunca presentó. Y, a pesar de que hubo vecinos que los criticaron, se quedaron a trabajar, a volver a comenzar de cero, sin préstamos ni nada.
Al cabo de un breve tiempo comenzó la distribución de las parcelas. En principio, la distribución se hizo de a tres hectáreas por familia. Con ayuda de un cable vía, útil para transportar el banano, se realizó la medición. Se ponía una marca y así fue como cada uno fue tomando lo suyo y acomodándose, sin conflictos entre los parceleros. Pronto, el Incora los visitaría de nuevo para realizar una inspección ocular de la ocupación de las tierras.
A un mes de estar en Las Franciscas comenzó la presión de la Dole sobre la comunidad de parceleros. En primer lugar, recibieron la visita de Ernesto Díaz Díaz, representante legal de la compañía. Les dijo que debían salir porque los terrenos eran propiedad privada. Organizó varias reuniones con ellos y les advirtió que su abogado debía estar atento. La Asociación no tenía ningún abogado como tal, pero contaba con la asesoría de la abogada Elisa Celedón, quien les ayudaba a construir documentos que firmaban el presidente y el secretario y que luego llevaban al Incora para proteger sus derechos sobre las tierras. En segundo lugar, se presentaron unos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación (FGN) con el inspector de policía de Ciénaga. Los reunieron en un rancho y luego realizaron un intento de desalojo. Les pasaron un documento a su nombre en el que estos se comprometían a salir, si no querían irse detenidos. José Kelsi, entre otros parceleros, firmaron, y todos salieron, ubicándose a la orilla del predio. Cuando los agentes se fueron, los campesinos volvieron a ocuparlo.
En toda la historia de la Asociación han habido parceleros que han entrado y salido de ella. Para ingresar, había que ser admitido por consenso en una de las reuniones. No se podía permitir que cualquiera llegara. A su vez, quienes no querían continuar, lo anunciaban en una reunión y devolvían las tierras a la Asociación, quien se la cedía a otro. Las reuniones se convocaban con una frecuencia de quince días, y había que tener una justificación para no asistir a la empacadora, que era el lugar de encuentro. En las reuniones se planeaban los pasos a seguir para lograr la normalización de las tierras, el aval del Incora. Lo discutido era recogido en un acta por el secretario. Un cierto número de fallas era causal para recibir llamadas de atención o, incluso, para ser apartado del grupo.
El orgullo de los parceleros y parceleras de AUCREFRAN por regresar a su tierra y hacerse cargo de la producción es una fuerza viva. Daniel Sarmiento para el CNMH, 2019.
La Asociación ha contado desde sus inicios con presidente, tesorero, secretario y fiscal, y ha llevado un fondo para sostenerse. Cada asociado debía aportar una cuota de dos mil pesos en cada reunión. Con los años la posibilidad de lograr la posesión de las tierras fue creciendo, lo que atraería más campesinos sin tierra. Entonces se le cobraba a los nuevos una cuota cercana a los 100 o 200 mil pesos, ya que de ser beneficiarios se apoyaban en el trabajo de los más antiguos. El dinero del fondo se destinaba a los viáticos de los líderes de la Asociación y de los abogados en sus viajes a Santa Marta o Bogotá. Tristemente, hubo dinero que se perdió a causa de abogados avivatos (deshonestos).
Las normas de convivencia de la organización promovían el buen comportamiento, el respeto por la parcela del vecino y la solución de conflictos internos de forma pacífica, usualmente en reuniones de la Asociación. Era causal de salida del grupo ocupar una parcela y no trabajarla. Como algunos parceleros eran asalariados en otras fincas, venían pocos días a la semana y no levantaban un rancho, entonces se conformó un comité para verificar que todos estuvieran trabajando. Cuando había necesidades colectivas, se hacía la propuesta en las reuniones y se encargaba la limpieza de los caminos, o del sitio de reunión, que era el casino ubicado al lado de la empacadora.
A finales de los años noventa, la llegada de Wilson Sotomonte y William Oliveros a los cargos de administración de la Dole agudizó las presiones contra los parceleros. Estos, además, tuvieron que padecer otros medios de presión, esta vez por parte de grupos paramilitares. En los municipios de Zona Bananera, Ciénaga y Fundación operaba la Compañía Walter Úsuga, que más adelante se transformó en el Frente Zona Bananera de las AUC. En 1998 llamaron a Julio Machacón, presidente de la Asociación, para que se reuniera con ellos en diferentes sitios a solas. Le ofrecieron veinte millones de pesos para convencerlo de salir de Las Franciscas. “Tú con 20 millones de pesos pones un negocio y vives tranquilo”, le dijeron. Lo mismo hicieron con otro integrante de la Asociación, Juan Charris. Pero Machacón siempre se negó y les contó a sus compañeros. Lo que hizo para quitárselos de encima fue decirles que, si le iban a ofrecer algo, mejor que lo hicieran delante de todos sus representados.
Las y los campesinos comenzaron a exportar banano desde Las Franciscas a comienzos del nuevo siglo. Estuvieron haciéndolo hasta el año 2004. Para esa misma época, en el año 2001 el Frente Zona Bananera, perteneciente al Bloque Norte de las AUC, cambió de nombre a Frente William Rivas, bajo la comandancia de José Gregorio Mangones Lugo, alias Carlos Tijeras. Los habitantes vivían en medio del temor. Los veían pasar y se enteraban de las noticias que llegaban de municipios aledaños. Este grupo paramilitar fue el responsable del asesinato de los hermanos Jorge Alberto, Miguel Ángel y Gustavo Terán, integrantes de Aucibe, el 7 de septiembre de 2001 (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2015, páginas 130, 131, 745). Su familia se desplazó enseguida, pero los parceleros se quedaron, aún con la zozobra. El 14 de marzo de 2004 la advertencia ahora no dejaba lugar a dudas. Luego que los paramilitares les dieran un plazo de 48 horas para abandonarlo todo, a José Kelsi le dispararon hombres del frente William Rivas del Bloque Norte de las AUC cuando iba a avisarle a sus compañeros. (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, 2016, página 773).
Todos los parceleros y sus familias salieron de inmediato, dejando atrás sus casas y cosechas, como la de guineo, lista para ser exportada en quince días. Perdieron cultivos de pancoger, como la yuca, limón, ají, guayaba; animales, como las aves de corral… y todo un modo de vivir. En vez de subsistir con lo propio, los campesinos tuvieron que salir a pedir trabajo haciendo cortes. Algunos amigos les tendieron la mano por un tiempo, pero su condición de desplazados también afectó esas relaciones. Los daños se hicieron más profundos con la destrucción de sus posesiones por maquinaria pesada que ingresaron los paramilitares.
La experiencia de Aucibe muestra claramente una cadena de acciones de despojo contra los campesinos ocupantes de Las Franciscas (CNRR-GMH, 2010, páginas 46-48). Después de que los parceleros fueran desalojados por un grupo de seguridad privada en 1987, los campesinos retornaron en cuanto tuvieron la oportunidad, pues la Dole abandonó las tierras en 1994. Después, la compañía bananera recurrió a múltiples mecanismos para recuperar el control de la propiedad. En primer lugar, optó por presumir la posesión legal de la tierra con sus abogados; después acudió a instituciones como la FGN y la fuerza pública local para que, por medio de una diligencia de desalojo, los campesinos abandonaran nuevamente las tierras4. Recurrir al accionar criminal de los actores armados al margen de la ley, en este caso los grupos paramilitares, fue el siguiente paso5. Para la época, el paramilitarismo controlaba y dominaba el territorio, ejecutando múltiples victimizaciones contra la población civil, todo lo cual ocasionó un nuevo desplazamiento cuando los parceleros se resistieron a la intimidación y las amenazas. Solo se fueron de las tierras cuando mataron a José Kelsi.
Delegados de la Asociación fueron hasta la Personería de Sevilla para que les dieran el reconocimiento como desplazados. También escribieron un memorial a la Presidencia de la República. La búsqueda de algún beneficio para las y los parceleros hizo que las vidas de los dirigentes de la Asociación corrieran un alto grado de peligro. El secretario, Adolfo Márquez, y el presidente, Julio Machacón, tuvieron que salir abruptamente de sus casas y desplazarse sin sus familias después de que hombres armados los buscaran en la casa o en la finca en la que trabajaban. El continuo nerviosismo y el insomnio hacían parte de su vida cotidiana. Para salvar sus vidas, Márquez tuvo que viajar de urgencia a Barranquilla, y Machacón, quien fue declarado objetivo militar, contó con la suerte de que no lo reconocieran físicamente cuando fueron a buscarlo. Después tuvo que renunciar a la presidencia de la Asociación y marcharse por un tiempo al Atlántico.
El 29 de julio de 2004 en la finca La Teresa, cercana a Orihueca, tres hombres armados obligaron a las y los parceleros a firmar documentos en blanco a nombre de Agrícola Eufemia, filial de la multinacional Dole Food Company, para legalizar el proceso del despojo. Después de encerrarlos, le ofrecieron a cada parcelero entre 200 mil y 500 mil pesos. Los paramilitares les exigieron, sobre el dinero recibido, una cuota de comisión de cincuenta mil pesos y les dieron un recibo antes de dejarlos partir. Ese papel estaba firmado por Wilson Sotomonte (administrador de la multinacional). De esta forma, la compañía bananera Dole procedió a “legalizar” el despojo a través de una operación de venta forzosa, coaccionada por grupos paramilitares, efectuada después del abandono de tierras.
Abel Bolaños reemplazó en la presidencia de la Asociación a Julio Machacón. Los parceleros comenzaron a reunirse en la parcela de Ricardo García, con la esperanza de retomar de nuevo la lucha por su tierra. Abel seguía acudiendo a su parcela de forma constante, y es cuando los paramilitares lo asesinan el 13 de enero de 2005. Él sabía que estaba en riesgo, pero decía que, si a él lo llegaban a matar, sus compañeros no debían dejar que se perdiera la lucha, que había que seguir. Federico Ayola asumió entonces la presidencia.
El ánimo de buscar justicia y regresar a sus parcelas hizo que las y los campesinos siguieran unidos a pesar de las adversidades, que eran de todo tipo. Además de las pérdidas humanas, estaba la de documentos valiosos que probaban las gestiones burocráticas adelantadas en todos estos años por causa del desplazamiento. El secretario Márquez, por ejemplo, tuvo que hacer un hueco en la tierra y ocultar documentos en bolsas plásticas para salvaguardarlos. El miedo seguía siendo muy fuerte. A pesar de que los paramilitares se estaban desmovilizando para esa época, muchos de ellos pasaron a conformar las Águilas Negras, un nuevo grupo armado ilegal con pretensiones de control sobre el territorio. Ante la perspectiva de continuar reuniéndose y seguir unidos, varios parceleros se negaron por temor. Con quince o dieciséis de ellos que aceptaron continuar, conscientes de los riesgos constantes, la Asociación siguió viva.
Un pequeño grupo conformado por Alberto Charris, Julio Machacón (quien luego de varios meses en Barranquilla regresó a Orihueca), Petrona Meriño y Elisa Celedón, la abogada que les brindaba asesoría, fueron adelantando gestiones. Las reuniones que convocaba la Asociación fueron nutridas y gozaban de la asistencia continua de las y los parceleros, sin importar que muchas veces por seguridad no hubiese un lugar fijo de reunión. Cuando alguien no podía llegar, por ejemplo, enviaba al cónyuge. La Asociación acudió a abogados particulares. Varios de ellos dejaron el proceso, uno por amenazas.
En el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la entidad que remplazó al Incora en 2003, las cosas se dificultaron porque una funcionaria estaba a favor de la compañía bananera Dole y entorpecía la gestión de la Asociación. La Dole presentó títulos falsos para legitimar la propiedad de las tierras. Los campesinos aprovecharon que un estudiante de derecho de Orihueca, José Mendis, viajaba a Bogotá y le pidieron que hiciera averiguaciones. La Asociación reunió lo de su transporte y él trajo consigo dos resoluciones sobre la pertenencia de la tierra a favor los parceleros. En la sede local del Incoder revocaron esas resoluciones.
Fue por medio de José Mendis y de María Sarabia, otra compañera de la Asociación, que los campesinos contactaron al abogado Fernando Llano. Este les apoyó con un proceso de reorganización en 2006, del cual ya no se llamarían Aucibe sino Audefran, que significa Asociación de Usuarios Campesinos Desplazados de las Franciscas I y II. Con su aprobación, Llano presentó una demanda ante el Tribunal de Santa Marta por daños y perjuicios ante la Dole, con el objeto de obtener indemnización. Esta demanda llegó al Consejo de Estado, quien consideró que el asunto era competencia de la jurisdicción de Santa Marta. Federico Ayola, entonces presidente de la Asociación, tuvo que sortear una zancadilla por parte de la multinacional. Fue contactado por un trabajador de la Dole quien lo llevó a hablar con unos extranjeros. Estos le ofrecieron dinero para comprarle los documentos de la demanda, pero él se negó argumentando que esos papeles eran de todos sus compañeros.
En 2007, las y los campesinos se tuvieron que enfrentar a un serio obstáculo: el Incoder consideró que la propiedad de Las Franciscas era de la Nación, basándose en una resolución donde se afirmaba que se trataba de lotes baldíos. Con esto se les negaba la posesión y titularidad a los parceleros. Más tarde, el Incoder reconoció la compraventa a Agrícola Eufemia, con lo cual la Dole pasaría a ser la propietaria legítima de las tierras. De esta manera, la compañía bananera acudió a la institucionalidad estatal para poder legitimar sus títulos de propiedad y posesión sobre Las Franciscas. La lógica del despojo realizado por coacción y vía armada se solidifica así gracias a “(…) la adaptación perversa de mecanismos jurídicos para fines particulares” (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Grupo de Memoria Histórica, 2010, página 48), lo cual generó que la apropiación ilegal del predio adquiera un aparente manto legal.
En la segunda mitad de la década de los años dos mil, Rolando René Garavito Zapata, conocido con el alias de Nicolás o Careniño, perteneciente al Frente William Rivas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entró como postulado al sistema de Justicia y Paz. Garavito fue acusado como responsable del asesinato de Abel Bolaños y José Kelsi, así como del desplazamiento y despojo de los parceleros de Las Franciscas en 2004. Las y los campesinos comenzaron las gestiones para ser reconocidos como víctimas dentro del proceso, ofreciendo declaraciones ante la Fiscalía y contando con la abogada Lourdes Peña para que los representara. En el inventario de daños del expediente incluyeron todas las pérdidas sufridas por el desplazamiento como las viviendas, cultivos, ganado, animales de corral, motores y un pozo para riego, junto con el lucro cesante, es decir, las ganancias que se dejaron de obtener por causa del desplazamiento. Pero, más adelante, supieron que la indemnización se correspondería con una tasa predeterminada, medida en 250 salarios mínimos legales por núcleo familiar.
Las audiencias públicas a las que asistieron los integrantes de Audefran fueron en Santa Marta, donde verían a Garavito a distancia, quien estaba en Barranquilla. Las declaraciones y respuestas del postulado constituyeron un golpe que revictimizó a los campesinos. No asumió ninguna responsabilidad más allá de afirmar que cumplía órdenes. Garavito le dijo a las víctimas que solo se encargó de lo militar y que, si querían saber más, era mejor que buscaran al encargado de las finanzas. Nunca dio nombres y no dijo por qué había estigmatizado y señalado a los campesinos como presuntos guerrilleros.
El proceso judicial que Audefran adelantó con el abogado Llano ya estaba andando cuando se enteraron que podían acceder a los beneficios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada en 2011. En 2013, la Unidad de Restitución de Tierras aceptó la solicitud de los parceleros de ser acogidos de la medida. Ya no necesitarían contar con un abogado particular. En adelante, pudieron contactarse con diferentes organizaciones e instituciones como la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Concejo Noruego, el Cinep, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), y las embajadas de Suecia, Francia y Alemania (CNMH, hombre adulto, testimonio 1, Zona Bananera, Magdalena, 2019).
Las actuaciones que estas organizaciones e instituciones realizaron sobre el caso fueron notorias. Habituados a ir de una agencia del Estado a otra, de una ciudad a otra, cuando les rechazaban sus gestiones en la alcaldía municipal, sin acompañamiento y buscando asesorías particulares, las y los parceleros reconocieron que una red de profesionales estaba ahora disponible para brindarles asesoría legal y psicosocial, con lo cual la Asociación tampoco iba a desaparecer. Funcionarios de la Unidad de Restitución en Cartagena y de las demás entidades los visitaban y asistían en sus tierras. Cuando se programaban las reuniones, todos acudían con el mayor compromiso, prestos a brindar las declaraciones y los documentos que hicieran falta. Si bien la rehabilitación psicosocial tuvo un importante efecto para fortalecer y alimentar su ánimo, también lo hizo el acompañamiento permanente de organizaciones e instituciones que realizaron una veeduría a su solicitud de restitución. Este nuevo escenario se constituye como fundamental, puesto que durante muchos años los campesinos tuvieron que sortear las dilaciones, obstáculos y negativas de la burocracia, alimentada por la corrupción, y afrontar en solitario el miedo y las amenazas constantes de unos enemigos poderosos.
Un momento de reposo en Las Franciscas. Daniel Sarmiento para el CNMH, 2019.
En 2016, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante sentencia condenó a Rolando René Garavito Zapata, alias Nicolás. El fallo reconoce como víctimas a 49 familias, cuando fueron 54 las que iniciaron el proceso. Las cinco familias restantes se quedaron por fuera del reconocimiento porque al momento de iniciar las diligencias vivían en otros lugares. En la actualidad, cursa una solicitud para incluirlas como beneficiarias. Para esas fechas, Calixto Miranda remplazó en la presidencia de Audefran a Federico Ayola.
Dos años después, el 24 de enero de 2018, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, expidió sentencia de restitución de tierras a favor de 49 familias campesinas. El proceso se demoró porque en la Sala se dieron cuenta que las y los parceleros tenían muchos más derechos por restablecer. El sueño de volver a las tierras se veía cada vez más cerca de convertirse en realidad. Ese año, la Asociación adquirió su nombre actual, Aucrefran, que quiere decir Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a las Franciscas I y II. En septiembre de 2019, la orden de un juez local suspendió la restitución, lo cual fue visto como un saboteo en toda regla a la autoridad judicial superior. Dos meses después, el 27 de noviembre de 2019, se dio la primera entrega de predios a cuatro familias. En febrero de 2020, Las Franciscas I y II fueron restituidas con pleno derecho de posesión y titularidad a las y los parceleros de Aucrefran, como legítimos propietarios de las tierras.
La prolongada lucha de Aucrefran es ejemplo de unión, organización, respeto mutuo y amor por la tierra. La suya es una historia de más de treinta años de esfuerzos individuales y colectivos que se ha podido escribir gracias a su poder de superación del miedo, que ha sido una constante que parecía no echar para atrás. Las y los campesinos lo han logrado porque mantuvieron claras sus motivaciones. Sabían que tenían razón, que su lucha era legítima y estaba amparada en decisiones institucionales que intentaron desconocer como el Incoder cuando echó reversa a la directiva del Incora, o las actuaciones de la fuerza pública y la justicia local, que promovieron los desalojos irregulares y no previnieron el desplazamiento. Para las y los parceleros, resignarse a perder las tierras era igual a ser víctimas de un abuso, de una humillación, tal como lo han descrito. No estaban disputando tierras ajenas, sino reclamando el reconocimiento del derecho de propiedad sobre Las Franciscas, que posteriormente se les había otorgado de manera legal.
La lucha de las y los campesinos por sus tierras fue desigual, ya que tuvieron que sortear la ofensiva armada y criminal de sus antagonistas. Tomaron conciencia que semejante disparidad de condiciones escondía un “menosprecio que hay con el campesino” (CNMH, hombre adulto, testimonio 4, Zona Bananera, Magdalena, 2019). Y aquí entra la segunda motivación más importante, y es el significado de la tierra para los campesinos. La tierra representa la posibilidad de asegurar el sustento, la garantía de supervivencia. Tener un lugar donde vivir y que también asegure la comida abre consigo la puerta de la autonomía. Cuando se piensa en la opción de ser jornaleros o corteros en las tierras de otros, una constante en la lucha de los parceleros, esta no se ve suficiente como proyecto de vida. La tierra propia representa para el campesinado el control de la producción. La posesión de al menos una hectárea y poder recibir el valor del ingreso total de los cultivos implica un cambio notable en la calidad de vida, al reducir los esfuerzos físicos y multiplicar las ganancias. Además, la producción campesina no está enfocada solo al mercado: muchos parceleros mencionaron la importancia de complementar sus cultivos con fines de venta con los de pancoger, así como la cría de animales, para variar su dieta. La relación del campesino con su tierra, la autonomía que gana con ella, permite la opción de asentarse en un territorio y de trabajar en proyectos familiares, vecinales y comunitarios.
AUCREFRAN seguirá luchando por el bienestar de sus asociados y sus familias. Daniel Sarmiento para el CNMH, 2019.
Las mujeres de la comunidad de Las Franciscas, a lo largo de los más de treinta años de lucha por la tierra, desempeñaron un papel que hace falta resaltar, han sido lideresas de este proceso. Muchas alentaron y mantuvieron la esperanza de poseer un pedazo de tierra propio, ocuparon y trabajaron la tierra, construyeron sus casas allí y entablaron relaciones de vecindad y cercanía entre las diferentes familias de parceleros. En muchas ocasiones animaban las jornadas de trabajo comunitario preparando el sancocho para todos y cuidaban de las familias mientras los demás iban a las tierras a trabajarlas. Las mujeres de Aucrefran asistían a las reuniones convocadas en nombre de sus familiares o en el suyo propio, y cuando llegó la hora del desplazamiento, no solo ampararon a sus familias, sino que conservaron los lazos entre la comunidad fragmentada y dispersa. Las abogadas, además, si bien no eran parte de la Asociación sí la acompañaron durante varios años representándola y asesorándola sobre el proceso judicial.
Las relaciones internas de la Asociación fueron la clave de su supervivencia. La búsqueda de consensos por encima de imposiciones y autoritarismo, la fijación de reglas de obligatorio cumplimiento, las reuniones frecuentes, la colaboración conjunta y la unión que impidió la corrupción del grupo –neutralizando las tentaciones individualistas de soborno–, hicieron que la Asociación creciera, aprendiera de las lecciones obtenidas y siguieran buscando apoyos cuando las puertas se cerraban. Su fuerza incluso es mencionada cuando se evoca a los compañeros caídos en la lucha: al recordar el desplazamiento, saben que “nos tenían que sacar a la brava”.
La Asociación, además, fue creativa en la organización de la vida comunitaria y la gestión para la titulación de sus predios. Buscó asesoría en diferentes entidades, contrató abogados y buscó ayuda en organizaciones no gubernamentales y embajadas cuando encontró la oportunidad. Fue enfática en la salvaguarda de sus documentos, en hacer seguimiento de su proceso en tribunales y en denunciar su estado de vulnerabilidad en las instituciones estatales encargadas de proteger los derechos humanos. Las y los parceleros mantuvieron sus lazos aun cuando el desplazamiento los obligó a dispersarse geográficamente por más de treinta años.
En la actualidad se comparte la expectativa de seguir unidos como comunidad para un proyecto productivo de guineo para exportación. Ya se han experimentado las ventajas de funcionar todos como uno solo, pues son escuchados más rápidamente y pueden ser más ambiciosos, asumiendo con ello el trabajo constante. Es posible que la Asociación a futuro pueda transformarse, dado que, cumplido el objetivo de recuperar legalmente sus tierras, ahora la intención sea sacarle el mayor provecho y disfrute.
[3] CNMH, hombre adulto, testimonio 2, Zona Bananera, Magdalena, 2019. En la sentencia de Restitución de Tierras, sin embargo, se reconoce que este hecho se dio a finales de 1987 (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2018, páginas 73 y 92).
[4] De acuerdo con la Sentencia de Restitución de Tierras, “existen evidencias de la presencia de la empresa AGRÍCOLA EUFEMIA en los fundos, por cuanto intentó en el mes de enero de 1997 el desalojo de los campesinos, lo cual resultó infructuoso, y los colonos quedaron explotando el inmueble luego de la última diligencia de desalojo que tuvo lugar el 15 de enero de 1997 hasta el año 2004” (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, 2018, página 85).
[5]“También se presentaron casos en los que empresarios bananeros utilizaron los “servicios sicariales” de los paramilitares para comprar predios a bajos precios o para forzar a colonos a abandonar tierras fértiles que estuviesen ocupando. Un hecho llamativo fue el de unos cultivadores de guineo que fueron victimizados en el Corregimiento de Orihueca del municipio de Zona Bananera, porque presuntamente empresarios cercanos a la compañía multinacional Técnicas Baltime de Colombia (Dole), requerían esas tierras (finca “La Franciscana”) para impulsar las exportaciones de banano” (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 2015, página 627. Véase cargo 231, páginas 83, 674 y 675. El nombre de la finca tiene una errata en la página 627).
CNMH, hombre adulto, testimonio 1, Zona Bananera, Magdalena, 2019.
CNMH, hombre adulto, testimonio 2, Zona Bananera, Magdalena, 2019.
CNMH, hombre adulto, testimonio 3, Zona Bananera, Magdalena, 2019.
CNMH, hombre adulto, testimonio 4, Zona Bananera, Magdalena, 2019.
CNMH, hombre adulto, testimonio 5, Zona Bananera, Magdalena, 2019.
Agudelo Velásquez, Leonardo, (2011), “La industria bananera y el inicio de los conflictos sociales del siglo XX”. Revista Credencial Historia, número 258, en https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-258/la-industria-bananera-y-el-inicio-de-los-conflictos-sociales-siglo-xx, recuperado el 1 de junio de 2020.
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), (2017), Campesinos de Tierra y Agua: Memorias sobre sujeto colectivo, trayectoria organizativa, daño y expectativas de reparación colectiva en la región Caribe, 1960-2015. Campesinado en el Magdalena. Bogotá, CNMH.
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – Grupo de Memoria Histórica (CNRR-GMH), (2009), El despojo de tierras y territorios. Aproximación conceptual, Bogotá, CNRR-GMH, Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – Grupo de Memoria Histórica (CNRR-GMH), (2010), La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010), Bogotá, Ediciones Semana – Taurus.
Opinión Caribe [Santa Marta], (2017, 8 de marzo), “La crisis del enclave, Ciénaga después de la bonanza”, en https://www.opinioncaribe.com/2017/03/08/la-crisis-del-enclave-cienaga-despues-la-bonanza/, recuperado el 1 de junio de 2020.
Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, (2015), Proceso Radicado 11-001-60-00253-2007 82791, Radicado Interno 1215, postulado José Gregorio Mangonez Lugo; Proceso Radicado 11-001-60-00253-2007 82716, Radicado Interno 1233, postulado Omar Enrique Martínez Ossías.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, (2016), Proceso Radicado 08001-22-52-003-2011-83489, Postulado Rolando René Garavito Zapata.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, (2018), Proceso Radicado 47001-31-21-002-2014-0009-00, Predios La Francisca I y la Francisca II.
Valencia, Daniel & Martínez, Franklin, (2018), Entre banano, palma y violencias en la zona bananera de Magdalena. Estudio de caso territorial sobre las afectaciones sociales, económicas y ambientales por banano y palma en Zona Bananera. Bogotá, Cinep, Pontificia Universidad Javeriana, Unión Europea.
